Diputados de Morena presentan demanda penal contra Helguera

** Les fue recibida en la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado, pero falta la ratifiquen ante un MP.

Ocho de 22 diputados de Morena del Congreso local presentaron   ante la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado (FGE), una demanda penal en contra de su coordinador parlamentario y aún presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, por incurrir

en presuntas anomalías financieras y “abuso de funciones”.

“Denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito”, se lee en el oficio de demanda que recibió la FGE el pasado jueves 9 de enero, a las 18:46 de la tarde, del cual esta agencia informativa obtuvo copia.

La denuncia está firmada por los diputados Blanca Celene Armenta Piza, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario Mendoza, Luis Enrique Ríos Saucedo y Moisés Reyes Sandoval, todos del grupo político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado del gobierno federal en Guerrero.

También la firma el diputado Arturo Martínez Núñez, del grupo político de su tío, el profesor César Núñez Ramos, delegado regional del gobierno federal en Acapulco, actual vicecoordinador de la fracción de Morena.

Denunciaron que el 22 de noviembre del 2019, su coordinador removió al secretario de Servicios Financieros y Administrativos, cuyo nombramiento fue aprobado el 6 de noviembre del 2018, sin que el pleno “aprobara dicha moción”.

Agregaron que previamente, el 15 de ese mismo mes, Antonio Helguera solicitó “el cambio de firmas” que los bancos “Santander S.A de C.V.” y “BBVA” le habían autorizado a Netzahualcóyotl Bustamante Santín “para todo tipo de movimientos bancarios”.

En su lugar, sin el aval de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ni del pleno del Poder Legislativo, como lo establece el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, designó al contador público Primitivo Rebolledo Ocampo, quien se desempeñaba como subdirector de Recursos Financieros, así como a Berenice Guerrero Almazán, como encargada del área de Pagaduría.

Declararon que, por órdenes de Antonio Helguera, el 3 de diciembre del 2019, personas externas allanaron tres oficinas del área administrativa del Congreso: de Recursos Humanos, de Contabilidad y de Nóminas, “impidiendo el manejo de documentación financiera”, a cuyas puertas “se les cambiaron las chapas” para impedir la entrada del personal que originalmente estaba a cargo.

Los diputados denunciaron que el 3 de diciembre del 2019, el presidente de la Jucopo solicitó al gobierno estatal el presupuesto correspondiente al mes de diciembre. Acusaron a Antonio Helguera de ejercer el presupuesto del Congreso de manera “discrecional”, lo que podría generar “un quebranto a las finanzas del Poder Legislativo”.

De esos hechos, sostienen, “se desprende la posible comisión de la conducta antijurídica en relación al abuso de funciones”, como prevé el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, por lo que solicitan a la FGE que realice las investigaciones necesarias “de los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito”.

A la FGE le solicitan que, a su vez, le pida un informe al diputado Antonio Helguera Jiménez, presidente de la Jucopo, “a efecto de que señale el nombre de quién es el profesionista que ostenta la titularidad de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos”.

También que le requieren que cite al titular de la Notaría Pública número 2, con sede en Chilpancingo, Emilio Ignacio Ortiz Uribe, para que informe si él tiene el “Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, con Delegación de Facultades”, cuyas atribuciones le fueron revocadas unilateralmente al secretario de Servicios Financieros, Netzahualcóyotl Bustamante Santín.

Cabe mencionar que los diputados soportaron la denuncia con copia simple del nombramiento que el 6 de noviembre del 2018 aprobó el pleno del Congreso a favor de Netzahualcóyotl Bustamante Santín, como secretario de Servicios Financieros, así como de notas periodistas, fotografías y circulares.

Fuentes consultadas vía telefónica informaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio entrada a la demanda penal mediante la integración de una carpeta de investigación, en la cual los denunciantes deberán en un futuro comparecer para sustentar su acusación, pues de lo contrario el documento recibido en la oficialía de partes, quedaría en un simple “buscapiés”. (Con información de IRZA)