No hay número preciso de desplazados en Zirándaro, asegura Ramón Navarrete

La complejidad que encierra el problema que se registra en el municipio de Zirándaro de los Chávez, en la región de la Tierra Caliente, es que no hay un número preciso de las personas desplazadas de sus comunidades, incluso en la marcha por la paz que realizaron hace unos días no había un número

importante de ellos, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.

En cuanto al asunto de la retención de los elementos de la Guardia Nacional en Tecoanapa, por parte de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, el ombudsman guerrerense dijo que el principal acuerdo al que llegó con la dirigencia de esa asociación, es que se reunirán el próximo 13 del presente mes en Acapulco para analizar la posibilidad de que los abogados de los policías comunitarios detenidos en Xaltianguis y sujetos a proceso penal presenten ante el juez que lleva la causa algunas pruebas de descargo.

En este sentido, Navarrete Magdaleno destacó la pronta intervención de la CDHEG a su cargo “para que esto no escalara o tuviera consecuencias lamentables” pero también resaltó la disposición que tuvieron los integrantes de la Policía Comunitaria de la UPOEG para dialogar acerca de la liberación de los elementos de la Guardia Nacional.

Señaló que la pretensión de los policías comunitarios de la UPOEG era intercambiar a los 10 elementos de la Guardia Nacional que mantenían retenidos, por sus compañeros que en días pasados fueron detenidos en Xaltianguis junto con integrantes del grupo armado que mantenía el control de esa localidad del municipio de Acapulco, lo cual no era viable porque “hay un proceso judicial abierto en el Poder Judicial de la Federación y no es algo que esté en manos del estado”.

Mencionó que afortunadamente, en el diálogo que sostuvieron, los integrantes de la UPOEG accedieron a solucionar el asunto y en base a ello acordaron una reunión para el próximo día 13 de diciembre a la una de la tarde en Acapulco, “para ver las posibilidades de que sus abogados tomen algunas acciones legales que permitan arribar al convencimiento del juez de la inocencia de sus compañeros.

No obstante, Navarrete Magdaleno quiso ser claro al señalar que “el asunto está en manos del Poder Judicial de la Federación y que ninguna intervención política o de la Comisión de los Derechos Humanos, que no sea lo establecido en la Constitución, imperará, más que la decisión que tome el juez”.

Refirió que otro acuerdo que tomó con ellos es que apelará ante la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal para que se garantice la seguridad de los 10 policías comunitarios de la UPOEG que fueron detenidos en Xaltianguis y que se encuentran internos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chilpancingo, toda vez que en este penal podría haber personas que hayan sido capturadas por ellos que buscarían tomar represalías.

Caso Zirándaro

Respecto al caso de violencia que se vive en el municipio calentano de Zirándaro de los Chávez, en donde se habla de decenas de familias desplazadas de sus comunidades, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero señaló que la complejidad de este problema es que no hay un número preciso de personas que se encuentran en esta situación.

Incluso dijo que en la visita que hizo en días pasados a Zirándaro sólo encontró aproximadamente 150 personas desplazadas que están refugiadas en las instalaciones del DIF de ese lugar, pero en la marcha por la paz que se llevó a cabo no hubo una participación importante de ellos.

Aclaró que “esto no quiere decir que no los haya, pero puede ser que estén muy dispersos, por lo que necesitamos tener un censo para poder hablar del nivel de apoyo que necesitan. No están en un solo lugar, se están moviendo, por lo que no podemos hacer este censo para saber de cuánta gente se trata”.

Tras destacar que la CDHEG está al pendiente de la situación de los desplazados, indicó que sí hay la opción de ubicarlos en algún otro lugar, aunque la alternativa primordial es devolverles las condiciones necesarias de seguridad para que regresen a sus comunidades de origen, “porque en ningún otro lugar podrían encontrar una opción similar que no sea en donde tienen su vida, su cultura, sus bienes, sus animalito, sus siembras y por eso en esa ocasión el secretario de Seguridad Pública se comprometió a crear las condiciones para que regresen a sus lugares de origen”, finalizó. (Baltazar Jiménez Rosales)