Liberados por el caso de “los 43” no están desvinculados del hecho: Iñaki

En el caso de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de septiembre del 2014, “el Poder Judicial está optando por el camino sencillo”, porque las pruebas contra las personas que hasta el momento han sido liberadas por haber sido presuntamente sometidas a tortura  ahí están, aunque la

realidad es que las sentencias que pusieron a estos individuos en libertad no son firmes, “estas personas no están fuera, no han quedado desvinculadas de los hechos y pueden ser reaprehendidas”.

Quien así se expresó fue el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, en una entrevista que le fue realizada el mediodía de ayer vía telefónica acerca precisamente de que continúa la liberación de presuntos implicados en el caso de los 43 y en la que aprovechó también para descalificar el trabajo que ha venido realizando el Vidulfo Rosales Sierra como representante legal de los padres de los normalistas desaparecidos y a quien tachó de irresponsable.

En este sentido, resaltó que la investigación de este caso se realizó en dos distintos momentos: por un lado fue la Procuraduría General de Justicia del Estado la que inició las pesquisas y por el otro la Procuraduría General de la República (PGR) le dio continuidad, aunque “con independencia de ello, hoy conocemos distintas posturas sobre el particular, entre las que destaca la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de tortura de algunos o de varios detenidos, la recomendación muy puntual y amplia de la CNDH y los dos informes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, eso debemos de tomarlo en cuenta para hacer una análisis objetivo, profundo, integral y serio de las cosas”.

Reiteró asimismo que ninguna de las personas que detuvo la entonces Procuraduría a su cargo ha sido puesta en libertad, “porque no hay un señalamiento de que hayan sido víctima de tortura, de detenciones ilegales o arbitrarias o de cuales quiera conducta constitutiva de un abuso de autoridad, todos ellos están en la cárcel”.

Expresó que los señalamientos en cuanto a las personas que fueron torturadas son específicamente contra la PGR, aunque destacó que también se debe tener en cuenta que esto no constituye una verdad legal, “porque lo que hay son presunciones o señalamientos de distintas instancias u organismos, pero no hay una sentencia firme o ejecutoriada sobre el tema, ya que yo puedo decir que “X”, “Y” o “Z” son responsables de la tortura, pero esas personas también tienen el derecho de hacer valer su garantía de audiencia, tienen su derecho a la defensa, y a ser escuchadas oportuna y razonablemente en un juicio, por lo que hasta en tanto no sea esta situación agotada no se puede hablar de una verdad legal sobre el tema de la tortura, por lo que sobre este tema se está partiendo de meras presunciones”.

Además, el ex procurador general de Justicia del Estado es de la idea de que en este caso el Poder Judicial “está optando por el camino sencillo, porque hay pruebas avaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que incriminan a las personas liberadas, “testimonios que dan cuenta puntual de cuál fue el grado de participación de quien emite esos testimonios e indistintas personas, por lo que queda claro que quienes participaron en calidad de autores materiales de los hechos son elementos de las policías municipales de Iguala, Cocula y muy probablemente de Huitzuco y que la responsabilidad material e intelectual reside en una organización criminal conocida como “Guerreros Unidos”.

Por si fuera poco, también están las transcripciones de las intervenciones telefónicas que realizó la DEA, “en las que se señala muy puntualmente cuál fue el grado de participación de los “Guerreros Unidos, de lo cual si bien en un primer momento lo que conocimos fueron claves, sobrenombres o seudónimos de estos personajes hoy sabemos muy bien quiénes son, entre ellos se encuentra Gildardo López Astudillo, recientemente liberado.

No obstante, insistió en que las sentencias que pusieron en libertad a estas personas “no son sentencias firmes contra estas resoluciones y eso hay que informarlo con absoluta seriedad”, porque la ahora Fiscalía General de la República ya interpuso las apelaciones correspondientes y “en aquellos casos en los que el juez señaló que no había los elementos para procesar a “X”, “Y” o “Z” persona, el Ministerio Público Federal está en la actitud de limpiar, de reencausar la indagatoria y de solicitar las órdenes de reaprehensión”.

Y remarcó: “estas personas no están fuera, no han quedado desvinculadas de los hechos, por el contrario, hasta en tanto no haya una sentencia firme nadie puede decir que estas personas nada tuvieron que ver en el caso”.

En cuanto al trabajo del representante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, el ex procurador consideró que los pronunciamientos que hace “rayan hasta en lo irresponsable”.

En este sentido, Iñaki Blanco expresó: Yo le preguntaría a él, ¿qué ha hecho por cuanto a estas liberaciones?. Es muy fácil criticar a las autoridades, pero él en calidad de representante legal está en la actitud de promover las acciones legales correspondientes actuando en coadyuvancia o bien por cuenta propia en auxilio de las víctimas directas e indirectas de los hechos, esto es lo importante, saber qué está haciendo, no nada más hacer pronunciamientos sin sentido y poco éticos e irresponsables”.

Consideró asimismo que la postura de Vidulfo Rosales en cuanto a este caso ha sido ambivalente, porque un día se pronuncia en un sentido y al siguiente al contrario, finalizó. (Baltazar Jiménez Rosales)