En un aprieto el Ayuntamiento de Iguala por ex policías vinculados con el caso de “los 43”

Mientras que los 13 policías municipales de Iguala que fueron detenidos y después despedidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen alrededor de 13 millones de pesos como pago por concepto de salarios caídos, el alcalde de ese municipio de la

región Norte, Antonio Jaimes Herrera dijo que el Ayuntamiento a su cargo no tiene el dinero para atender satisfactoriamente tal petición.

Pero además, el primer edil igualteco alega que finalmente no fue el Ayuntamiento de ese lugar la instancia que despidió a los 13 policías municipales sino que fue la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) la que lo hizo, por el proceso penal que enfrentaban los elementos policíacos, por lo que es la ahora Fiscalía General de la República la que debe enfrentar esa situación.

Cabe hacer notar que después de ser detenidos y sujetos a proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los 13 elementos de la Policía Preventiva Municipal iniciaron un juicio laboral, por lo que además de exigir el pago de 13 millones de pesos por concepto de salarios caídos también piden su reinstalación en sus empleos.

Al respecto, Jaimes Herrera dijo por principio de cuentas que el Ayuntamiento a su cargo no cuenta con los recursos económicos suficientes para pagarle los 13 millones de pesos por salarios caídos a los elementos policíacos, pero además la misma ley impide que esas personas vuelvan a formar parte de la corporación policiaca.

Por si fuera poco, recalcó, no fue el Ayuntamiento igualteco el que los despidió, sino que esto se debió a que estaban sujetos a un proceso penal y fue la desaparecida Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República quien los detuvo, y es esa instancia federal la que debe de enfrentar esa situación”, explicó.

Y enfatizó: “legalmente nosotros nunca los corrimos, es más no hay un documento que indique que nosotros los corrimos, inclusive les dijimos que encaminen la demanda hacia la Fiscalía General de la República”. (Baltazar Jiménez Rosales)