Diputados plantean reformas al Código Civil del Estado

El diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una iniciativa de adición al Código Civil del estado para que los jueces tengan la facultad de modificar el ejercicio de la patria potestad de un menor, otorgándola a otro, en caso de que quien ostenta la guarda y custodia de éste realice conductas

reiteradas para evitar su convivencia con las personas que tengan el reconocido derecho a la misma.

En el documento que fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente, el legislador de Morena manifestó que lo que se pretende es armonizar el Código Civil local con lo establecido en la Constitución General de la República y la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, para que en casos de separación o divorcio, los menores tengan garantizado su derecho de convivir con uno y otro, por su bienestar.

Es por ello que los padres deben en todo momento abstenerse de incurrir en conductas tendentes a impedir la convivencia del menor, porque en caso de no convivir con alguno de sus progenitores, existe la posibilidad de que sufran daños emocionales difíciles de revertir, en detrimento de su pleno desarrollo.

Ampliar facultades a jueces de Paz:

El diputado Carlos Cruz López (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del estado para otorgar mayor facultad a los jueces de Paz y sigan conociendo de asuntos relacionados con bienes inmuebles, brindándoles mayor competencia mediante el aumento a la cuantía de las transacciones que se realicen, y con ello lograr que ciudadanos que radican en poblaciones lejanas y de escasos recursos económicos tengan acceso a dicha fe pública inmobiliaria en sus municipios.

Dijo que en la Ley Núm. 2250 del Código Civil las superficies y montos establecidos ya no son acorde a los costos de los bienes inmuebles en la actualidad; ello aunado a que la mayoría de la población radica en municipios donde no hay notarios públicos que les legalicen su patrimonio.

Esta falta de notarios representa un gasto excesivo para la ciudadanía, pues obliga tanto al comprador como al vendedor a trasladarse a localidades lejanas, afectando la economía de los ciudadanos.

Cruz López dijo que esta situación provoca el desaliento de la población para regularizar su situación patrimonial y terminan por no regularizar sus escrituras, dejando en la incertidumbre a las personas que dependen de los posesionarios del.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.