Pide que se deje de proteger “al hombre que intentó asesinarla”

Presunto tráfico de influencias y negligencia en el sistema judicial  para atender el caso de una mujer que sufrió violencia de género y tentativa de feminicidio ha permitido que el agresor siga en libertad y a víctima durante 15 meses ha vivido escondida por el temor de que la vuelvan a agredir.

La joven Alejandra Mateos Jiménez, relató que el 8 de abril del 2018 fue víctima de agresiones por parte de su ex pareja sentimental Víctor Manuel Enríquez Lezama, quien por celos la golpeó, y estranguló hasta creerla muerta porque perdió el conocimiento.

El agresor es empleado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a donde dejó de ir a trabajar para esconderse y sustraerse de la acción de la justicia, y supuestamente apoyado por su jefe inmediato, el contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Enrique Justo Bautista, se mantiene percibiendo los emolumentos laborales y se presume que desde ahí se han traficado influencias para beneficiar al agresor en el proceso legal.

La víctima refirió que acudió a interponer la denuncia correspondiente ante la agencia del ministerio público especializada, sin embargo la agente Noemí Castro Ángel “clasificó mal el delito” y la remitió al Ministerio Público de Chilpancingo a cargo de Pedro Araujo Leónides.

“La clasificó como tentativa de homicidio, violencia, daños y robo, cuando debería (dice la agraviada) haberla colocado como tentativa de feminicidio, violencia de género, daños y robo” y argumento que no podía ser tentativa de feminicidio porque para ello requeriría que un tercero hubiera evitado al agresor cometer el asesinato… y en este caso él la dejó y no la asesinó porque no quiso.

Además el Ministerio Público insistió en conciliar con el agresor, luego demoró los dictámenes y ocultó información para localizar al agresor, tardó 10 meses para vincularlo a proceso y  finalmente sólo la judicializó pro del delito de violencia de género.

El calvario de la mujer siguió cuando el juez Edgardo Mendoza Falcón tomó el caso y determinó dos meses de investigación, y las audiencias que fijó en más de seis ocasiones tuvieron que diferirlas porque el servidor público también es docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero y no podía acudir a atender el desahogo de diligencias.

La primera audiencia se tenía prevista para el 24 de abril y se ha ido difiriendo hasta llegar al próximo 29 de agosto, primero por inasistencia del juez, después por justificaciones del acusado que con recetas de un médico ha justificado no asistir porque supuestamente tiene fiebre tifoidea.

La mujer llamó al gobernador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia para que se involucren y revisen el caso, a fin de que en la medida de sus posibilidades intervengan y no permitan que se sigan violando sus derechos humanos.

Finalmente la mujer advirtió que el fiscal general del estado Jorge Zuriel de los Santos, será responsable si algo le pasa a ella o alguno de sus familiares porque sus subordinados han dilatado los procesos y cometido una cantidad enorme de irregularidades para proteger a quien la golpeó al grado de creerla muerta. (Por Abel Miranda Ayala)