La declaración patrimonial inhibe el enriquecimiento ilícito: Loría C.

En los casi cuatro años del gobierno de Héctor Astudillo Flores, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha detectado enriquecimientos inexplicables de funcionarios, informó el titular de la dependencia, Eduardo Loría Casanova.

El funcionario estatal informó asimismo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  practicó una auditoría al programa Prospera, en la parte que fue operada por el gobierno del estado, en el ejercicio fiscal 2018, por la cual el órgano fiscalizador federal sólo realizó observaciones menores.

Loría Casanova explicó que lo observado por la ASF es “alrededor del 5 por ciento que es muy mínimo en comparación a lo que históricamente observaban al estado, y tenemos la certeza de que vamos a solventar al 100 por ciento las observaciones”.

Abundó que estas observaciones obedecen a la aplicación tardía de recursos económicos federales que técnicamente se le conoce como subejercicio, aunque aclaró que ello obedeció a que el dinero también llegó tardíamente.

Cuestionado acerca de la posibilidad de que funcionarios estatales hayan registrado enriquecimientos inexplicables, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental indicó que en los cuatro años de la administración gubernamental de Astudillo Flores no se han detectado este tipo de casos.

Esto, dijo, obedece a que para el gobernador la declaración patrimonial es muy importante, por lo que en este sentido recordó que cuando Astudillo Flores asumió el cargo por cuenta propia presentó la llamada declaración 3 de 3, es decir, la de bienes patrimoniales, la fiscal y la de no conflicto de intereses.

En cuanto al resultado de las declaraciones patrimoniales, el funcionario estatal comentó que serán 290 los servidores públicos del gobierno del estado los que serán sancionados por no cumplir con esta su obligación en el pasado mes de mayo.

De estos 290, resaltó, alrededor de 90 ya no laboran en la administración pública estatal, pero fueron requeridos para que cumplan con esa disposición porque deben de presentar una declaración final.

En este sentido, Loría Casanova consideró que fue mínimo el número de servidores públicos que no cumplieron con la obligación de presentar o actualizar sus declaraciones de bienes patrimoniales, en el entendido de que anualmente alrededor de 7 mil deben cumplir con esa parte de transparencia y rendición de cuentas que marca la ley. (Baltazar Jiménez Rosales)