Exigen se respete el Artículo 3º de la Constitución en la UAGro

Debido a que en la Universidad Autónoma de Guerrero, aún se sigue aplicando el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) como método de selección para los alumnos de nuevo ingreso, integrantes de la llamada “Coordinadora Universitaria Guerrerense”

(CUG), anunciaron que interpondrán acciones legales y administrativas en contra del rector Javier Saldaña Almazán y directores de las diferentes Unidades Académicas.

El ex rector Ramón Reyes Carreto, y los universitarios Gregorio Sarabia Ruiz, Mónica Ortiz Díaz, Arturo Morales Vega y José Alfredo Pineda Gómez,  explicaron que la UAGro no se ha apegado a los lineamientos establecidos en el Artículo Tercero de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las universidades del país que operan con recursos públicos, tiene que ajustarse a los principios de gratuidad, obligatoriedad y universalidad, lo que impediría que se cobren cuotas y se rechacen aspirantes.

Agregó que el 15 de mayo del presente año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto por el que queda reformado el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en él se estableció la gratuidad y obligatoriedad de la educación de nivel superior.

“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica", se lee en uno de los párrafos adicionales al artículo tercero, publicado en el DOF, y al ser la universidad de Guerrero financiada con recursos públicos se tiene que ajustar a estos preceptos, sin embargo el artículo se viola al mantener cuotas de inscripción, aranceles, pago de fichas y otros cobros que se hacen para quienes aspiran a cursas las carreras en la máxima casa de estudios.

Los miembros de Coordinadora Universitaria Guerrerense, indicaron que han recorrido la mayoría de las unidades académicas para informar a los alumnos de la de la situación y alertarlos para que ante cualquier anomalía les informen y puedan proceder a las acciones pertinentes que podrían ser desde pedir la intervención de la defensoría de Derechos Humanos Universitaria hasta amparos constitucionales. (Por Abel Miranda Ayala)