Sanciones a funcionarios que no hayan presentado su declaración patrimonial

Hasta el 31 de mayo, fecha en que tuvieron de plazo los servidores públicos del sector central del gobierno del estado y de los Organismos Públicos Descentralizados para presentar sus declaraciones patrimoniales, alrededor del 95 por ciento de los seis mil 400 funcionarios obligados a cumplir con

esta su obligación lo hicieron.

Contra el restante cinco por ciento de servidores públicos que por cualquier circunstancia no presentaron su declaración patrimonial, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado ya prepara las sanciones correspondientes y de entrada podrían hacerse acreedores a una suspensión del cargo de uno a tres meses, según el caso.

El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova explicó que como parte de los mecanismos de transparencia que aplica el gobierno del estado para evitar irregularidades en el uso y manejo de los recursos públicos, son seis mil 400 los servidores públicos que durante el mes de mayo tienen que presentar sus declaraciones patrimoniales, entre quienes son parte del sector central como de los llamados Organismos Públicos Descentralizados.

Dijo que al término del plazo establecido por la ley para que los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial, la dependencia a su cargo otorgó otros seis días a los funcionarios que no pudieron entregar su documentación en tiempo y forma para poder hacerlo.

Señaló que al término de este segundo plazo que les fue otorgado la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental iniciará un proceso sancionador en contra de los servidores públicos incumplidos y lo primero que podría suceder es que se les suspenda del cargo de uno a tres meses, según la gravedad del caso.

El contralor informó que el último corte realizado precisamente el 31 de mayo reveló que de los seis mil 400 servidores públicos obligados por la ley a presentar sus declaraciones patrimoniales cumplió el 95 por ciento y a partir de eso se abre un proceso de revisión de lo declarado para verificar el comportamiento de los bienes muebles e inmuebles de los funcionarios del gobierno del estado en relación a las que presentaron cuando se incorporaron a la administración pública.

La idea, recalcó, es evitar actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. (Baltazar Jiménez Rosales)