Demandan al Congreso local no legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo


Líderes religiosos, de la sociedad civil y de padres de familias, pidieron este miércoles a diputados locales que no legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Durante el encentro efectuado en una sala del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”,
los dirigentes manifestaron su abierto rechazo al matrimonio igualitario, cuya figura, afirmaron, afectaría a la familia como institución.
A este encuentro asistieron David Tapia Bravo, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia; Tomás Gerardo García Sánchez, presidente de la Red Guerrero; Candelaria Sandoval, de Familias Unidas; Rocío Rodríguez Godínez, de la Red Familias, y Ricarda Méndez, por los pastores cristianos en el estado, entre otros.
En entrevista, la ex diputada local y federal del PRI, Julieta Fernández Márquez, aclaró que su postura no va en contra de la libre unión entre personas del mismo sexo, pero sí del matrimonio igualitario en la Constitución.
“Las relaciones sexuales no se van a meter a la Constitución. Si a mí me gusta el chocolate o la cajeta, tampoco se va a meter en la Constitución, sólo lo que sea relevante para la sociedad mexicana”, precisó.
Informó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó un amparo interpuesto por una pareja homosexual porque le negaron el registro de un hijo no biológico.
“No puede ser su hijo porque necesitan de una persona externa al matrimonio para poder tener hijos. Eso hace que la definición de matrimonio no sea la misma cosa en una unión homosexual a una unión de pareja. No se puede definir como matrimonio a una pareja que no pueda procrear hijos”, afirmó.
Acompañada de líderes religiosos, de la sociedad y de padres de familia, Fernández Márquez aseguró que la figura del matrimonio igualitario “va a trastocar muchos derechos de muchas otras personas”, principalmente a la familia como institución.
Expuso que en Uruguay, se legalizó la figura de “los niños transexuales” y que el Estado debe pagar la conversión. Por eso no descartó protestas en Guerrero en contra de la agenda del gobierno federal, “que va como avalancha” y que tiene como fin aprobar el matrimonio igualitario en todo el país para después pasar a la legalización del aborto dentro de las primeras 24 semanas de gestación.
“El niño (feto) tiene ya casi 6 meses, casi camina, es una exageración, pero no podemos permitir que esta agenda de unos pocos, por intereses personales y económicos, porque seguramente ganan mucho en la venta y contratos de hormonas, vayan a afectar a una población que quiere vivir tranquila y en familia, y tener seguridad del Estado”, expuso.
Agregó que el estado debe garantizar que no van a desbaratar la institución que tenemos, que es la familia, porque también es nuestro derecho”, estableció. (www.agenciairza.com)

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