Se quejan en CNDH porque no hay agua


Unas 780 familias que habitan en el fraccionamiento Jardines de Zinnia dirigieron una queja al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, para que intervenga ante el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, del PRD, a quien acusaron de no
otorgarles el servicio de agua desde hace tres meses.
Los vecinos de este asentamiento ubicado al noroeste de la capital, informaron por escrito que Gaspar Beltrán desconoció el acuerdo que existía con el anterior alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, del PRI, que consistía en otorgarles el servicio de agua a través de pipas, ante la falta de infraestructura hidráulica para abastecerlos.
Los dueños de ese fraccionamiento afirman que el desarrollo inmobiliario crecerá en al menos un cien por ciento y las autoridades municipales no han cumplido con la parte de otorgar los servicios básicos necesarios que se citan en el convenio de colaboración con la inmobiliaria.
Destacaron que en la pasada administración municipal no se pudo concretar el abasto de agua entubada al fraccionamiento; sin embargo, “echó a andar un programa de abasto mediante pipas subsidiadas por el Ayuntamiento, de tal manera que las familias tuvieran acceso al vital líquido”.
En el escrito, los colonos –integrados por propios trabajadores del Ayuntamiento, Secretaría de Salud, de Educación y otras dependencias estatales- aseguraron que ese programa fue desconocido y cancelado por la administración de Antonio Gaspar.
Informaron que desde hace tres meses no cuentan con agua, ni tampoco alguna alternativa de solución a mediano y largo plazo. “No se han implementado políticas públicas que ayuden a paliar el problema de manera temporal, a pesar de que los habitantes hemos hecho propuestas de solución de manera empática; entendemos la problemática que tiene el organismo operador del agua en el municipio”, dijeron.
Los colonos señalaron además que de acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Constitución, las autoridades  deberán garantizar el agua para el consumo personal y doméstico, suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Por lo anterior, consideran que existe una violación a sus derechos humanos y piden la intervención de la CNDH para que sea mediadora ante los tres niveles de gobierno. (www.agenciairza.com)

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