Plantea reformas legales para oficializar la Prisión Preventiva
Para que los servidores públicos acusados de corrupción
afronten su proceso desde prisión, el diputado Marco Antonio Cabada Arias
propuso reformar la Constitución Política local, estableciendo la figura de
Prisión Preventiva Oficiosa.
Y es que, lamentó, “es evidente el grado de impunidad de que
han gozado los servidores públicos, inclusive, aun resultando culpables, han
afrontado su proceso en libertad”.
La propuesta de reforma es al artículo 139, numeral 6 de la
Constitución Política del Estado de Guerrero, para especificar que el
Ministerio Público podrá solicitar al Juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o
de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Especificó que el juez ordenará la prisión preventiva
oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,
asociación delictuosa, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro,
trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones-, robo al transporte de carga en cualquiera de
sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, así como los delitos graves que
determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad, y de la
salud.
Reformas a la LIPE
También, el legislador planteó reformar la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPE), para
instaurar un órgano interno de control que conozca de las irregularidades
administrativas que pudiesen cometer los servidores públicos del Instituto
Electoral del Estado y de Protección Ciudadana de la entidad.
Marco Antonio Cabada Arias dijo que la materia electoral es
uno de los rubros fundamentales para el combate a la corrupción, por lo que los
servidores públicos que representan el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero deben acotar sus conductas a los principios,
valores y normas establecidas en todo el Sistema Estatal Anticorrupción. En consecuencia,
es urgente la necesidad de instaurar un órgano interno de control que conozca
de las irregularidades administrativas que pudieren cometer sus servidores
públicos.
Este Órgano Interno de Control, agregó, deberá tener
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y
resoluciones, y tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de
servidores públicos del Instituto Electoral y de particulares vinculados con
faltas graves, y ser sancionados.
También, el Órgano Interno de Control tendrá la atribución
de verificar que el ejercicio del gasto del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana se realice conforme a la normatividad aplicable, los
programas aprobados y montos autorizados; presentar al Pleno del Instituto los
informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la
correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto; y revisar
que las operaciones presupuestales que realice, entre otras.
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