Augura Evencio Romero grave conflicto social por el fertilizante

Ante la negativa del gobierno federal de ignorar los padrones del programa de fertilizante con que ya cuentan los 81 Ayuntamientos de la entidad para distribuir el insumo entre el campesinado guerrerense, lo que se advierte es una “situación incontrolable de conflictos sociales”, consideró el

dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos  Campesinos, Evencio Romero Sotelo.

El también ex diputado local señaló asimismo que lo grave de la situación que se presenta, por la actitud que han asumido los nuevos funcionarios federales, como el propio “súper-delegado” Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, es el “aislamiento que quiere tener la federación y sus representantes en Guerrero al no tomar en cuenta la infraestructura y logística que ya tienen en cuanto a este programa los Ayuntamientos y el gobierno del estado.

Cabe recordar que apenas la semana pasada, a través de su coordinador, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) externaron su preocupación por que hasta el momento no han sido tomados en cuenta por el gobierno federal en la integración del padrón para el programa del fertilizante.

Al respecto, el propio “súper-delegado” del gobierno federal en Guerrero, les contestó que para la distribución del insumo la federación no tomará en cuenta a los alcaldes y operará con su propio padrón.

En este sentido, el Evencio Romero Sotelo consideró como grave esta actitud del gobierno federal, manifestada a través de su “súperdelegado”, por lo cual advirtió que en los 81 municipios de la entidad podría registrarse una “situación incontrolable de conflictos sociales”.

Reiteró que es grave que el gobierno federal ignore a los Ayuntamientos en la distribución del fertilizante, porque aun con sus defectos y errores, “y a lo mejor hasta con corrupción”, pero las autoridades municipales ya tienen un padrón de beneficiarios del abono.

Agregó que la situación en el campo de Guerrero por el programa del fertilizante gratuito es muy seria porque además, el gobierno federal ya confirmó que únicamente aportará 650 millones de pesos para la adquisición del insumo y para su distribución en la entidad se utilizará el padrón del “Proagro”, en el cual sólo están integrados 116 mil productores de maíz, cuando hasta el año pasado los beneficiarios del abono por parte del gobierno del estado y los Ayuntamientos fueron 358 mil campesinos, “es decir, no van a beneficiar ni a la tercera parte”.

En este sentido, Romero Sotelo se preguntó: “¿qué va a pasar con los cerca de 250 mil productores de maíz que no van a ser beneficiados? Esto es un grave conflicto social que se avizora”.

El dirigente campesino calificó de “soberbio al “súper-delegado” federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros cuando señala que no tomarán en cuenta a los Ayuntamientos en la distribución del fertilizante bajo el argumento de la corrupción que hay en ellos, por lo cual en este sentido se preguntó, “¿por qué no han metido a la cárcel a los corruptos?, porque ya llevan casi dos meses en el gobierno y yo no veo a nadie en la cárcel ni cuando menos procesado penalmente”.

Reiteró que ante la actitud asumida por la federación con el asunto del fertilizante habrá un estallido social en la entidad: “habrá bloqueo de carreteras, tomas de ayuntamientos, es decir, un conflicto social muy grave y de esto hago responsable al gobierno federal, por la actitud soberbia del “súper-delegado”, Pablo Amílcar Sandoval.

Romero Sotelo refirió que cuando menos en este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador deben tomar en cuenta los padrones de los Ayuntamientos, mientras que ellos depuran las listas y para el próximo año lo entregan de manera directa y con su propia infraestructura y logística.

Mencionó que otro problema con el que se enfrentará el gobierno federal al insistir en la depuración del padrón de beneficiarios del programa de fertilizante para este mismo año, es en la realización de las asambleas de los ejidos, porque además de que no les va a dar tiempo, en las convocatorias están violando la ley, porque no es la Procuraduría Agraria la que debe convocar a las reuniones sino los Comisariados Ejidales. (Baltazar Jiménez Rosales)