Formalizan denuncia penal contra el ex alcalde Marco Antonio Leyva
El gobierno de Chilpancingo interpuso
formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de
funcionarios del anterior gobierno que encabezó Marco Antonio Leyva, por el
faltante de 32 vehículos que deberían estar como bienes materiales pero no
fueron localizados.
El funcionario municipal indicó que antes de
proceder a la demanda formal, se han agotado procedimientos administrativos,
como el hecho de llamar a los funcionarios que tuvieron a su cargo los
vehículos, a fin de que informaran el paradero de estos.
"Sí se presentaron, pero no dieron la
información que se les solicitó, por ello ante el faltante y una vez que se han
cumplido los plazos previstos en la ley, se procede a interponer formalmente la
denuncia y será la Fiscalía la que haga la investigación pertinente".
Estableció que a los ex funcionarios se les
está reclamando que entreguen los vehículos y los documentos que amparan la
compra de estas unidades porque todo lo desaparecieron.
Comentó que los 32 vehículos que no fueron
localizados estarían valuados en aproximadamente seis y medio millones de
pesos, considerando que no son vehículos nuevos.
Cabe señalar que estas 32 unidades son apenas
el primer bloque de autos que no fue localizado y podría haber otro tanto que
se integrarán en una segunda querella.
Extraoficialmente se sabe que el gobierno de
Marco Antonio Leyva desincorporó del patrimonio municipal más de 50 vehículos,
aduciendo que se encontraban en estado de chatarra, y para hacerlo tomaron un
acuerdo al interior del Cabildo, sin embargo esta acción fue ilegal, porque
para desechar bienes materiales de los ayuntamientos se tiene que tener una
autorización del pleno del Congreso del Estado.
De acuerdo con lo que ha adelantado el alcalde
Antonio Gaspar la denuncia por la falta de automóviles es sólo una de muchas
cosas que se han reportado como faltantes y que serán denunciadas ante la
Fiscalía General y la Auditoría Superior del Estado, entre ello, la falta o
retrasos de pago a constructoras que realizan obras, el faltante de recursos
que debieron haberse pagado al ISSSPEG, y la falta de recursos para el pago del
aguinaldo que por ley debió dejar en las cuentas municipales. (Por Abel Miranda
Ayala)
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