Insiste Contraloría: los alcaldes deben denunciar irregularidades que detecten

Concluidos los procesos de entrega-recepción de manera normal en la enorme mayoría de los Ayuntamientos, a partir del uno de octubre comenzó a correr el plazo de 30 días hábiles para que los actuales presidentes municipales revisen a conciencia sus administraciones y en su caso denuncien las

irregularidades que encuentren, para que en su momento, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental inicie los procedimientos correspondientes y, de ser necesario, dé vista a la Fiscalía General del Estado.

Entrevistado la mañana de ayer, el titular de esta dependencia gubernamental, Eduardo Loría Casanova, recordó que de los 81 Ayuntamientos de la entidad, en 78 los procesos de entrega-recepción se llevaron a cabo de forma normal y sin mayor problema, en dos de ellos —Tecoanapa y Ayutla de los Libres— los alcaldes entrantes firmaron “bajo protesta” y levantaron actas circunstanciadas, mientras que en el caso de Cochoapa El Grande, las nuevas autoridades asumieron el cargo, pero con la salvedad de que se espera que las autoridades correspondientes determinen lo conducente ante la desaparición del alcalde electo.

El funcionario estatal indicó que desde un principio, tanto la Auditoría Superior del Estado como la dependencia a su cargo les hicieron saber a los alcaldes que a partir de que asumieran el cargo contarían con 30 días para revisar bien las administraciones municipales y en su caso denunciar las irregularidades que detecten, plazo que está corriendo.

Explicó que después de que la Secretaría de la Contraloría reciba las denuncias por parte de los alcaldes, se iniciarán los procesos de investigación correspondientes y, en su caso, de detectar alguna anomalía se aplicarán las sanciones administrativas a los ex presidentes municipales.

Mencionó también que en caso de que los alcaldes denuncien irregularidades en el manejo de los recursos públicos se llevará a cabo una investigación como lo ordena el Sistema Estatal Anticorrupción y en caso de que se detecte algún presunto daño económico, se dará vista a la Fiscalía General del Estado.

Explicó que en estos 30 días, las nuevas autoridades municipales deben de revisar bien que todas las obras estén realizadas al cien por ciento y las que estén inconclusas que se hayan dejado los recursos correspondientes, porque de no ser así se consideraría una irregularidad delicada.

Otra irregularidad grave que ameritaría la intervención de la Fiscalía General del Estado es que no se hayan ejercido los recursos públicos, pero que tampoco estén en las cuentas bancarias correspondientes.

Recomendó también a los nuevos alcaldes revisar la plantilla laboral de los Ayuntamientos a su cargo y quedarse con los trabajadores necesarios además de que excluyan a los “aviadores”, es decir a aquellas personas que no trabajan, pero que se presentan cada quincena a cobrar.

En este sentido, indicó que para detectar “aviadores” en la nómina una buena medida es pagar la primera quincena de octubre de manera personalizada, ya que de esta manera los nuevos secretarios y directores de área conocen al persona, su ubicación y las labores que desempeñan. (Baltazar Jiménez Rosales)