Inician juicio de inconstitucionalidad contra reformas hechas a la Ley 701

Autoridades del Ayuntamiento de Malinaltepec, apoyados por organizaciones sociales y diputados federales, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas que se aprobaron en la pasada legislatura estatal a la

Ley Numero 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, mismas que consideran que suprimen derechos de los pueblos indígenas que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Controversia establece que “el Congreso de Guerrero, aprobó reformas que suprimen derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación, que se encuentran consagrados en el Artículo Segundo de nuestra Carta Magna y además en diversos tratados internacionales que suscribió el Estado Mexicano.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, quien está asesorando a los pueblos y a los miembros de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, indicó que fue la síndica de Malinaltepec, Angelina Martínez Bernardo, quien firmó el recurso de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley 701 con la que se desconoce la legalidad de la CRAC-PC

Indicó que esta reforma es regresiva y contraria al movimiento que hay en todo el mundo para el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, pues con ella se desconoce a la CRAC-PC como una institución para hacer justicia y brindar seguridad en base a los usos y costumbres de los pueblos.

Destacó que el argumento del Estado para la reforma legal que suprime los derechos de los pueblos indígenas es sólo que la presencia de grupos de civiles armados ha generado inestabilidad social en la entidad, sin embargo no ha hecho nada para establecer medidas que acoten la actividad de esos grupos de civiles armados y por el contrario ataca a instituciones que han luchado históricamente por lograr su reconocimiento.

Destacó que la zona de influencia de la CRAC es actualmente la más segura del Estado, es donde se tiene los índices delictivos más bajos y ello es gracias al trabajo organizado que realizan, por eso es inconcebible que se promuevan leyes que atenten contra la organización legítima que tiene las comunidades indígenas. (Por Abel Miranda Ayala)