Tres de cada 10 embarazadas indígenas no tienen ni 15 años

Por miedo, menores de 9 a 15 años, víctimas de abuso sexual, no denuncian a su agresor, algunos son, miembros de su propia familia –abuelos, padres, tíos, hermanos-, otros, personas ajenas que las amenazan, en tanto instancias de gobierno que debían de apoyarlas y protegerlas, solo las discriminan

y violentan sus derechos humanos.

Isabel Dircio Chautla, presidenta de la organización “Zihuame Xotlanetzin A.C”, que tiene a su cargo la Casa de Atención de la Mujer indígena, en Chilapa (Cami Zihuachikahuac), informó que, de la tasa de embarazos, el infantil hasta el 2017, ocupaba el 3 por ciento, es decir, 3 de cada 10 embarazadas, 3 son menores de 15 años. De acuerdo a la estadística registra en la casa de atención que administran, en ese municipio de Chilapa, han atendido embarazos de niñas desde 2013; en el 2016, registraron 23 y en el 2017, 22.

Son embarazos de menores de 9 a 15 años, que a todas luces se observa que no son consentidos, son producto de una violación, y son muy comunes en las comunidades indígenas, “ojala sean una ocupación de los gobiernos, como organización, no es sentimos impotentes”, sobre todo, porque los menores ni sus familias, denuncia el abuso por miedo, al estar amenazas por quienes comenten este abuso, por quienes tienen el control en las comunidades, además de no hablar castellano, señaló la activista.

Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, comentó que, en las zonas indígenas y rurales, la violación de niñas por abuelos, por algún miembro de la misma familia es recurrente y están impunes, no son denunciados, incluso las niñas tienen a sus hijos porque abusan de ellas una y otra y otra vez.

Por ello subrayó la necesidad de revisar las políticas públicas dirigidas a las zonas indígenas y rurales que son las más marginadas y violentadas en cuanto a los derechos políticos de las mujeres, son campañas publicitarias que no llegan.

Esto fenómenos atacan a las zonas rurales e indígenas como organizaciones darán seguimiento que el estado de cumplimiento que no solo este informando de cosas que realmente no llegan.

Agregó que en cumplimiento de la norma 046, los médicos, en los centros de salud y hospitales, ante la presunción de una violación, de un embarazo producto de esta, tendrían que actuar por oficio, y reportar el caso al Ministerio Público, pero no ocurre así. Narró el caso de una menor de 13 años, en una comunidad de Chilapa, que tras el abuso de que fue víctima, perdió el habla, presenta una afectación en todos los sentidos, su familia, no quiere denunciar por miedo, debido a que el perpetrador, es un líder político de dicha localidad, mismo que al parecer, ha abusado de muchas otras niñas, debido recalcó Reyna Aguilar “a la tremenda impunidad que hay, cuando hay impunidad seguirán actuando, porque saben que no serán castigados”, acusó.

Hermelinda Tiburcio Cayetano, de Kinal Antzetik, narró también, el caso de otra menor a la que sacaron de su comunidad por el abuso constante de que eran objeto, la llevaron al DIF, en Chilpancingo, después de 3 semanas, el abusador, acompañado de la autoridad municipal, fue por la niña y el DIF se la entregó sin ningún problema; otro caso de una niña canalizada en Ciudad Mujer de Tlapa, la mandaron a Chilpancingo, no la canalizaron a ningún refugio, finalmente, ella pidió irse a su casa, la cargaban de casa en casa de las abogadas de la SEMUJER que nunca le dieron atención ni a ella ni al proceso que debían de iniciar.

 “No hay una atención real, las organizaciones sacamos a las víctimas, las traemos a las instancias donde se supone las van a atender y solo reciben más discriminación, violación a sus derechos, las regresan con los violadores, con sus familias y eso no ayuda”, lamentó. (www.notymas.com)