Detiene PGR a líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero

*Fue presentado ante un juez en Acapulco; sus seguidores

dicen que es una triquiñuela para no pagarle salarios caídos

Abel Miranda Ayala

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame fue detenido por personal de la Procuraduría General de la República y trasladado al puerto de Acapulco donde será puesto a disposición de un juez federal para que responda por imputaciones que le hacen en

torno a la toma del edificio del programa Prospera registrado en enero del 2017.

Nicolás Chávez y otros miembros de la APPG se solidarizaron con un grupo de trabajadores que fueron despedidos del programa Prospera y acusaron al entonces delegado de hostigamiento sexual y laboral, como parte de la estrategia de lucha, los ex empleados tomaron el edificio durante varios días.

Luego de una semana de protestas, los despedidos fueron  desalojados del inmueble, por la Policía Estatal, y para despedirse lanzaron huevos y jitomates a la fachada del inmueble.

Por estos hechos, la delegación de Prospera presentó las denuncias correspondientes ante la PGR y año y medio después se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Nicolás Chávez Adame.

Nicolás Chávez fue detenido cerca de la iglesia del barrio de  la Santa Cruz a donde había acudido a visitar a su señora madre, seguidamente fue llevado a las oficinas de la PGR y posteriormente trasladado al puerto de Acapulco.

La detención de Chávez Adame, dijeron sus compañeros de  organización, podría tener un trasfondo en un juicio laboral que Chávez y otros maestros le han ganado a la Secretaría de Educación en Guerrero, y cuya resolución obliga a la dependencia a devolverles salarios caídos y reinstalarlos en su plaza laboral como maestros de primaria.

El juicio data de hace más de 10 años, en ese entonces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó reinstalarlos, pero sus plazas “no fueron localizadas” y se les asignó un pago mediante recibo de honorarios.

Ahora sus plazas “han sido localizadas” y de acuerdo con el reporte del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estas plazas se encuentran activas y de ellas se han pagado puntualmente las prestaciones.

Con este argumento recientemente retomaron el curso de la demanda laboral y por eso es que aseguran que su detención se trata de un acto de intimidación y muestra del gobierno para que retiren la demanda que obliga a pagarles salarios caídos y reinstalarlos.