En 7 meses la violencia desplazó a 530 familias en Chilapa y Zitlala

*El informe final de la Misión de Observación al Estado de

 Guerrero deja mal paradas a la FGE y Seguridad Pública.

Al presentar el informe final de la Misión de Observación al Estado de Guerrero realizada a Chilapa y Chilpancingo los días 19 y 20 de septiembre de 2017, integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)  revelaron  que

en siete meses detectaron el desplazamiento de 530 familias de comunidades de Chilapa y Zitlala a consecuencia de la violencia.

En conferencia de prensa, relataron que durante el tiempo de la misión encontraron desplazamientos sin ningún tipo de seguridad, huyendo de sus comunidades porque sus derechos humanos se vieron vulnerados ante la falta de atención del gobierno.

En ese informe precisaron que una de las causas del desplazamiento forzado interno, es la violencia criminal que viven los ciudadanos en  Chilapa y durante el tiempo que la Misión permaneció en el centro de Ahuihuiyuco, les explicaron que fueron desplazadas más de 500 personas, quedando el poblado desierto. “Nos refieren que a través de redes sociales se esparcieron versiones y amenazas, con la finalidad de que las personas se enteraran, pero también sus familiares que vivían en otros estados. A lo largo de 3 días, del 7 al 9 de junio, las comunidades se quedaron vacías”, agregaron.

 “No tuvieron la atención que marca la ley, como alimentación, educación, fuentes de trabajo, han retornado de manera individual, poco a poco, pero sin ninguna seguridad”, aseguraron.

Consideraron que la Fiscalía General del Estado  ha sido sobrepasada ante las desapariciones, dicen que no hay investigaciones efectivas que permitan saber con claridad si quienes cometen esas desapariciones son agentes estatales, particulares o el crimen organizado.

Señalaron que a pesar de que el 17 de noviembre de 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que obliga al estado al Congreso Local en Guerrero a armonizar la legislación local a los estándares establecidos en la recién aprobada Ley no se ha hecho.

Además de que actualmente, no existe una cifra exacta de personas desaparecidas, no existen registros forenses de las fosas encontradas en la zona, ni líneas de investigación “que nos permitan conocer el contexto en el que ocurren esas desapariciones”, apuntaron. (ANG)