Coddehum, a la expectativa por pleito entre Apango y Zotoltitlán


Con el fin de encontrar una solución al conflicto que mantienen habitantes de las localidades de Apango y Zotoltitlán, pertenecientes al municipio de Mártir de Cuilapan, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM), se mantiene como intermediaria,
informó el titular del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno.
En este sentido, el ombudsman guerrerense destacó asimismo la intervención del gobierno del estado en este conflicto por la disputa por el control del agua que mantienen los habitantes de ambas comunidades, la cual ya dejó un saldo de dos personas muertas.
Navarrete Magdaleno, lamentó que la disputa del agua en Mártir de Cuilapan ya haya costado pérdidas humanas en ese municipio, por lo que la CODDEHUM mantiene abiertos los canales de diálogo para evitar nuevas confrontaciones.
El presidente del organismo defensor de los derechos humanos informó asimismo que pescadores y prestadores de servicios acuáticos de Puerto Marques de Acapulco, solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos debido a que la construcción de un muelle cambió las corrientes marítimas, y el oleaje afectó la estructura de al menos 10 restaurantes que ya colapsaron.
De esta situación, refirió, responsabilizan a una empresa privada que construyó el muelle, a la cual exigen se haga responsable de los daños ocasionados.
Sobre este caso, indicó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un peritaje que está en poder de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, el cual servirá mucho para emitir una resolución que esté fundada en derecho, y con ello coadyuvar para que los gobiernos federal y estatal y la empresa que construyó el muelle, pacten un mecanismo para que sea reparado el daño como lo demandan los restauranteros y prestadores de servicios acuáticos.
Aclaró que este conflicto data de hace ocho años, por lo que es necesario que se encuentre una solución definitiva, considerando que los inmuebles afectados forman parte del modus vivendi de los pobladores de esa zona de Acapulco.
Aclaró que este conflicto no fue ocasionado por el gobierno del estado sino que se trata de un particular, pero que el gobierno  interviene para buscar una solución al problema con la participación de instancias federales. (Baltazar Jiménez Rosales)

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