Rechazan modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales

Las inspecciones policiacas en automóviles y domicilios particulares sin orden judicial o ministerial aprobadas recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son “una medida anticonstitucional y nos coloca en una vulnerabilidad total”, sostuvo Manuel Olivares Hernández,

director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Como se recordará, el pasado 13 de marzo el Pleno de la Corte avaló por mayoría fracciones de tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que permiten las inspecciones externas y superficiales por parte de los policías en la investigación de algún delito.

El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, dijo que dichas inspecciones son una medida proporcional, idónea y con un fin constitucionalmente válido, para proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos, pero Organizaciones No Gubernamentales sostienen que esto está por encima de las garantías individuales.

Olivares Hernández externó que en Guerrero se vive con una criminalidad elevada y con altos niveles de violencia, y que con ese cambio en el CNPP, los derechos humanos podrían verse más vulnerables.

“Esto nos demuestra que las autoridades y el Estado Mexicano, en su conjunto, están desatando una guerra pero contra la población, queriendo sembrar el terror, queriendo mantener un control social a través de la fuerza”, añadió.

-¿Es inconstitucional esto?, se le preguntó.

“Es anticonstitucional porque el Artículo primero (de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) dice claramente que nuestros derechos humanos deben de ser garantizados por el Estado y sus instituciones en sus diferentes niveles”, argumentó.

Agregó que aumentarían las detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos de moradas y que inclusive las Fuerzas Armadas hasta podrían sembrar pruebas al momento de hacer un cateo con el fin de detener a individuos, sin que hayan cometido delito alguno, y que al arrestado lo dejarían indefenso, al no poder comprobar su inocencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación tras la decisión de la SCJN, al considerar que esto vulnera derechos como el de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad.

Cabe mencionar que por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) no ha habido una postura al respecto, pese a las constantes denuncias por parte de la ciudadanía de que los cuerpos policiacos incurren en exceso de fuerza cuando llevan a cabo una detención o cateo de viviendas. (www.agenciairza.com)