Trabajadores de Media Luna solicitan la intervención del Congreso y de Astudillo

Ante el temor de que la empresa minera Media Luna cierre sus operaciones en Guerrero, por el bloqueo a sus instalaciones en Nuevo Balsas por parte de un grupo de trabajadores, alrededor de medio centenar de empleados de esa misma corporación solicitaron ayer la intervención del Congreso

del Estado y del propio titular de Ejecutivo, ya que si la compañía determina finalmente retirarse de la entidad se perderían 820 empleos directos y mil 300 indirectos.

Los trabajadores que ayer se dieron cita en Congreso del Estado y que también acudieron a la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitar una audiencia, únicamente demandan que sus compañeros que mantienen bloqueados los accesos a la mina nada más se hagan a un lado y les permitan a ellos el acceso, pues además el conflicto por la representación sindical que mantienen no se resolverá ahí, sino en los tribunales, es decir, en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, el apoderado legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana, adheridos a la CTM, Joel Hernández Reyes, señaló que la preocupación de los trabajadores que no están en paro de labores es que los directivos de la empresa Minera Media ya dieron un ultimátum para que el conflicto de representación sindical que inició el tres de noviembre pasado, con el cierre de las instalaciones, se resuelva lo antes posible, pues de lo contrario cerrarán sus operaciones en Guerrero.

Si esto ocurre, insistió, se perderán 820 empleos directos más mil 300 indirectos, lo cual representará un duro golpe a la economía de los pueblos del Alto Balsas.

El problema, explicó Hernández Reyes, es que el Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores de la Minera Media Luna se lo disputan Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana, adheridos a la CTM, que actualmente lo ostenta, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que dirige Napoleón Gómez Urrutia, conflicto que tiene que ser dirimido por las autoridades laborales del país y no en la Mina, razón por los empleados que no están en paro piden que se liberen los accesos a la esas instalaciones: “el único interés de la CTM es que la fuente de trabajo sea reabierta en forma inmediata, para no seguir dañando la economía de la empresa y de los trabajadores directos e indirectos”.

El problema, destacó, es que los directivos de la empresa ya emitieron la “Fase Tres” que representa el cierre de la Mina si el conflicto no se resuelve, por lo que temen que en unos días todos los trabajadores de la empresa tengan la liquidación en la puerta, “y eso es lo que queremos evitar, por eso queremos salvaguardar la economía de la empresa y la fuente de trabajo que beneficia a los habitantes del Alto Balsas que han visto progreso desde que llegó la mina”.

Apuntó que de ser un conflicto por ostentar el contrato colectivo de trabajo, ya se convirtió en social, toda vez que el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia ha intentado jalar a la gente con promesas falsas, diciéndoles que a los que fueron despedidos por haber violado las reglas de la empresa como presentarse a laborar alcoholizado, entre otros, serán recontratados, y que no apoyarán a quienes no se sumen al movimiento en caso de ganar el Contrato Colectivo de Trabajo”.

Dijo que no son más de 50 las personas sindicalizadas que están en paro de labores, a quienes se sumaron pescadores y personas que fueron despedidas por la empresa minera porque incurrieron en alguna irregularidad o violaron el alcoholímetro, “porque incumplieron alguna normatividad, y bajo la promesa de ser recontratados están en el bloqueo”.

Además de haber acudido ayer solicitar la intervención del Congreso del Estado y del gobernador, los trabajadores del Sindicato Caminero de la CTM irán mañana a las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la ciudad de México con la intención de que también su postura sea escuchada. (Baltazar Jiménez Rosales)