Acusan de un cuantioso fraude a un funcionario de la SEDATU

Un funcionario de la delegación en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y Urbano (SEDATU), habría defraudado  a particulares con más de 220 mil pesos, mismos que le entregaron en calidad de préstamo para “inyectárselos” a una constructora que trabajaría en la

reconstrucción de Guerrero tras las afectaciones de Ingrid y Manuel, y hoy se niega a devolver el recurso.

De acuerdo con el quejoso, Juan Carlos Domínguez Piza, en el año 2014, el arquitecto Francisco Alberto González Ortega y quien fuera su deudor solidario Omar Salgado Flores acudieron a su domicilio del primero para solicitarle un préstamo de 150 mil pesos, pues le aseguraron que estaban en vías de realizar un "súper negocio" con el programa de reconstrucción, ya que al ser funcionario de la SEDATU tendría mucho trabajo en la constructora de su propiedad.

Juan Carlos Domínguez aceptó prestarles el dinero a cambio de un interés, mismo que en los primeros meses fue pagado con puntualidad, por ello no dudó en hacer un nuevo préstamo de 50 mil pesos, creciendo el capital de deuda a 220 mil pesos, además en que en prenda dejó facturas de un automóvil y diversos equipos de trabajo como revolvedoras, vibradoras y compactadoras.

Apenas un par de meses después el deudor dijo no tener modo de seguir pagando y dejó de entregar los intereses y mucho menos pagó el capital y el equipo que se ofreció en garantía dejó de ser localizable.

El acreedor buscó al arquitecto para tratar de llegar a un acuerdo en el que buscaba que le devolvieran su dinero pues el préstamo se los hizo en el entendido de que sería por un corto tiempo sólo en lo que se lograba bajar los anticipos de obras que ya tenían comprometidas con la SEDATU en el programa de reconstrucción Nuevo Guerrero.

Del deudor sólo recibió negativas, por lo que buscó al deudor solidario, quien le dijo que él firmó pero no recibió ni un peso de ese dinero y por ende tendría que arreglar el problema con quien recibió el efectivo.

Finalmente Juan Carlos decidió proceder legalmente en un juicio oral mercantil, que actualmente se desahoga en los tribunales, sin embargo el proceso que se inició en el expediente número 21/2017-1 se ha alargado y las pertenencias del inculpado “se han esfumado” y ahora resulta imposible  poder embargarlas conforme a derecho procede, ante ello, el agraviado decidió hacer una denuncia pública y pedir a las autoridades de los tres niveles ayuda para poder recuperar el dinero que de buena fe prestó a este funcionario de  la SEDATU. (Por Abel Miranda Ayala)