Exigen al Congreso la revocación del mandato del alcalde de Chilpancingo

El Congreso local turnó a la Comisión Instructora la denuncia de hechos demandando la revocación del mandato en contra del alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, a quien los diputados acusan de no solucionar el problema de la recolección de la basura ni tampoco el de la falta

de seguridad pública.

Esta solicitud fue entregada al Congreso del Estado por los legisladores perredistas Perfecto Rosas Martínez y Rosa Coral Mendoza, la cual fue turnada a la Comisión Instructora conforme lo señala el procedimiento establecido en el artículo 95-Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

El diputado perredista Perfecto Rosas Martínez señaló que el juicio de revocación de mandato que ellos promovieron es porque el edil ha sido omiso en el cumplimiento de sus atribuciones para garantizar el otorgamiento de los servicios públicos a los que está obligado, como es el caso -entre otros- del problema de limpia, recolección, traslado y tratamiento de la basura, y por su incapacidad para atender el grave problema de inseguridad en la capital.

"Chilpancingo está sumido en la inseguridad y además presenta una grave falta de servicios públicos, como agua, bacheo, entre otros", dijo.

En la demanda, los perredistas acusan al alcalde de un ineficiente ejercicio de los recursos públicos y cumplimiento de los planes y programas municipales.

Apenas la semana pasada y debido a que los pobladores de la comunidad de El Platanal, en el municipio de Eduardo Neri, cerraron el tiradero de basura, mil 200 toneladas de desechos se encontraban regadas en distintos puntos de esta capital del estado, particularmente en el Centro.

El gobierno del estado tuvo que pagar más de 2 millones de pesos a una empresa para que recogiera la basura y la trasladara al Estado de México.

Perfecto Rosas señaló que la demanda de revocación de mandato contra el alcalde ya está en manos de la Comisión Instructora del Congreso y el próximo domingo vence el plazo para la presentación de pruebas y alegatos, quedando la Comisión Instructora en condiciones para emitir su dictamen, señalando si hay o no lugar a la revocación del mandato.

Es factible que el próximo martes el Pleno apruebe o rechace si procede o no la remoción del edil.

Matlalapa no será relleno sanitario:

La diputada Erika Alcaraz Sosa, coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso local, adelantó su rechazo al litigió que anunció el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva (MAL), ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para para la apertura del relleno sanitario de Matlalapa, municipio de Tixtla, de donde ella es originaria.

Advirtió: “Lo que menos le ayuda a Guerrero es que se geste una violencia, una confrontación y eso detonaría un casos social. La gente de Tixtla de manera determinante no lo va permitir y causará (la actitud del alcalde MAL) confrontación entre la población de los dos municipios”.

Anticipó que el recurso legal que pretende emprender el alcalde  de Chilpancingo “no puede proceder”, porque jurídicamente no hay ningún acuerdo, convenio o decreto que obligue al Ayuntamiento de Tixtla a acceder a la apertura del predio.

“Creo que en este proceso no existirá elementos jurídicos para que procedan contra el Ayuntamiento de Tixtla,  no hay condiciones para echar a andar en marcha esa celda”, afirmó la diputada este jueves en entrevista.

Consideró que la utilidad de la celda de Matlalapa debió tratarse “con mucha seriedad y responsabilidad” en la comuna de Chilpancingo, para “no llegar hasta estos últimos momentos donde el tema es ya irreversible”.

Agregó que entre las autoridades de las pasadas administraciones de Tixtla y Chilpancingo “hubo acuerdos de manera verbal y que ante un juicio (legal) no son válidos”, y aseguró que como fracción se sumarán a la defensa del alcalde Hossein Nabor Guillén, quien -sostuvo- tiene los elementos necesarios para demostrar que le asiste la razón legal.

Dijo que en el Congreso local debe “prevalecer el diálogo, la buena comunicación y gobernanza”, pero también puntualizó que “no por querer salir al paso de una irresponsabilidad”, el alcalde MAL “quiera tomar acción a modo de venganza o justificación”.

Alcaraz Sosa, quien se desempeñó como regidora los primeros dos años de la administración 2012-2015 de Tixtla, afirmó que hasta la compra del predio que defiende el alcalde priista, se hizo mediante un procedimiento irregular.

“Hay irregularidades de quien se acredita como dueño del predio que fue vendido por un tercero, que no tenía la propiedad acreditada, y por ello  hay muchos vicios allí”, reveló la diputada, quien rechazó haber avalado la compra y el presunto convenio para el uso de la celda emergente construida en Matlalapa. (www.agenciairza.com)