Defraudados reactivan hoy bloqueos en todo Guerrero



Familias que fueron defraudadas por instituciones financieras y cajas populares, anunciaron que este miércoles retomarán acciones de protesta bloqueando carreteras en todo el Estado para demandar al gobernador Héctor Astudillo que sea solidario con su causa y los apoye para que se integren al
programa de rescate financiero que impulso el gobierno federal y al que no han podido acceder debido a la razón social de quien los defraudó.
Miguel Rodríguez Arteaga, quien es dirigente de la Unión de Organizaciones, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas de Guerrero, indicó que pasado 11 de octubre realizaron un bloqueo en el boulevard Vicente Guerrero de esta capital y en respuesta “a nombre del gobernador” se les ofreció establecer una mesa de trabajo, que se realizaría este martes, pero de último minuto se las cancelaron.
Ante esta situación han convocado a los más de 16 mil afectados para que participen en bloqueos que, dicen,  se realizarán en las carreteras de todo el Estado y adelantaron que mañana estarán en el Congreso para acompañar a Héctor Astudillo en la rendición de su segundo informe de gobierno, para solicitarle su solidaridad.
Señaló que en Guerrero son más de 16 mil personas que fueron defraudados y en global el monto del dañó asciende a más de 600 millones de pesos.
En protestas anteriores han señalado que para ser beneficiarios del programa de rescate que impulsó el gobierno federal se tiene que reformar el artículo 8 transitorio de la Ley del Fidecomiso Pago (FIPAGO), a fin de que puedan acceder al programa de rescate que implementó el gobierno federal.
Ello porque la forma en que fue establecida la ley con que se creó el FIPAGO, excluye a las empresas que tenía denominación de Sociedad Anónima porque las considera sociedades mercantiles con fines de lucro y no sociales, por lo tanto quienes fueron defraudados por empresas como productos Amor S.A. de C.V.; Comercializadora JLB S.A. de C.V. y Soluprenda S.A. de C.V., no pueden recibir el apoyo del gobierno federal.
Los 16 mil 500 defraudados están diseminados en 52 municipios del Estado de Guerrero, y depositaron sus ahorros durante el periodo del 2004 al 2009, tiempo en el que recibieron intereses superiores a los que otorgan los bancos, sin embargo de un día para otro las instituciones cerraron sus puertas y desaparecieron llevándose todo el capital. (Por Abel Miranda Ayala)

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