Defraudados reactivan hoy bloqueos en todo Guerrero
Familias que fueron defraudadas por
instituciones financieras y cajas populares, anunciaron que este miércoles
retomarán acciones de protesta bloqueando carreteras en todo el Estado para
demandar al gobernador Héctor Astudillo que sea solidario con su causa y los
apoye para que se integren al
programa de rescate financiero que impulso el
gobierno federal y al que no han podido acceder debido a la razón social de
quien los defraudó.
Miguel Rodríguez Arteaga, quien es dirigente
de la Unión de Organizaciones, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas
de Guerrero, indicó que pasado 11 de octubre realizaron un bloqueo en el
boulevard Vicente Guerrero de esta capital y en respuesta “a nombre del
gobernador” se les ofreció establecer una mesa de trabajo, que se realizaría
este martes, pero de último minuto se las cancelaron.
Ante esta situación han convocado a los más de
16 mil afectados para que participen en bloqueos que, dicen, se realizarán en las carreteras de todo el Estado
y adelantaron que mañana estarán en el Congreso para acompañar a Héctor
Astudillo en la rendición de su segundo informe de gobierno, para solicitarle
su solidaridad.
Señaló que en Guerrero son más de 16 mil personas
que fueron defraudados y en global el monto del dañó asciende a más de 600
millones de pesos.
En protestas anteriores han señalado que para
ser beneficiarios del programa de rescate que impulsó el gobierno federal se
tiene que reformar el artículo 8 transitorio de la Ley del Fidecomiso Pago (FIPAGO),
a fin de que puedan acceder al programa de rescate que implementó el gobierno
federal.
Ello porque la forma en que fue establecida la
ley con que se creó el FIPAGO, excluye a las empresas que tenía denominación de
Sociedad Anónima porque las considera sociedades mercantiles con fines de lucro
y no sociales, por lo tanto quienes fueron defraudados por empresas como
productos Amor S.A. de C.V.; Comercializadora JLB S.A. de C.V. y Soluprenda
S.A. de C.V., no pueden recibir el apoyo del gobierno federal.
Los 16 mil 500 defraudados están diseminados
en 52 municipios del Estado de Guerrero, y depositaron sus ahorros durante el
periodo del 2004 al 2009, tiempo en el que recibieron intereses superiores a
los que otorgan los bancos, sin embargo de un día para otro las instituciones
cerraron sus puertas y desaparecieron llevándose todo el capital. (Por Abel
Miranda Ayala)
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