Sanciona la Contraloría a 15 servidores públicos y cinco ex funcionarios: Ramos



Sin dar mayores detalles, por respeto a los procedimientos administrativos que se siguen, pero el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que hasta este momento la dependencia a su cargo ya sancionó, incluso con inhabilitación a 15 funcionarios públicos
del actual gobierno y a cinco de las dos pasadas administraciones.
En la entrevista, el funcionario estatal omitió proporcionar los nombres tanto de los actuales servidores públicos sancionados, como de los cinco de las dos anteriores administraciones gubernamentales, porque en algunos casos los procedimientos continúan toda vez que los aludidos impugnaron las resoluciones y, por lo tanto, los procedimientos continúan.
Lo que sí informó es que del actual gobierno estatal son alrededor de 15 los servidores públicos sancionados, en algunos casos por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales.
En tanto, fueron cinco ex colaboradores de los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Rogelio Ortega Martínez los que fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos por incurrir en faltas administrativas e irregularidades en el desempeño de los cargos que ocuparon.
Asimismo, comentó que en estos momentos, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene en curso muchos procedimientos de responsabilidad administrativa contra ex funcionarios de los anteriores gobiernos estatales, que derivaron en sanciones ya aplicadas como inhabilitaciones para que no ocupen cargos públicos por determinado periodo.
Cuestionado acerca de que si algún funcionario fue acusado penalmente por haber incurrido en desvío de recursos, Ramos del Carmen apuntó que la dependencia a su cargo no tiene esa facultad, pues lo único que la ley le permite es aplicar sanciones administrativas.
Aclaró que las cuestiones por el uso del dinero son desahogadas directamente por la Auditoría Superior de la Federación y cuando hay faltas graves, sólo le da vista a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para aplicar sanciones administrativas. (Baltazar Jiménez Rosales)

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