Presencia de una BOM en Chilapa no garantiza la seguridad: Centro Morelos
Chilapa, Gro, ANG.— La presencia de
una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Chilapa no es garantía de seguridad,
pues a pesar de que el Ejército tiene presencia en ese municipio y en Zitlala,
los homicidios y los hechos de violencia no se han frenado, obligando a cientos
de familia abandonar sus
hogares, denunció el Centro Regional de Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón.
Ayer el gobernador informó que ya
había condiciones de seguridad para que los desplazados de Tepozcuautla,
Ahuihuiyuco y Tetitlán, comunidades pertenecientes a Chilapa, regresaran a sus
hogares, pues la seguridad estaba garantizada por una BOM.
En respuesta, el Centro Morelos
expresó que no es suficiente esa medida y se requieren acciones que erradiquen
el problema de raíz, que en el caso de Chilapa es la presencia de grupos
criminales que se disputan el control del territorio y amenazan a la población para que abandonen
sus pueblos.
“El problema siempre va a existir
mientras no se atienda de fondo la causa del desplazamiento forzado. Es muy
complicado que la población confié en la Base de Operaciones Mixtas como
garantía de seguridad, pues la militarización en Chilapa y en Zitlala no han
frenado el incremento de la violencia causada por la guerra entre grupos
delictivos en este último año”.
El organismo indicó que preocupa que
no se atienda debidamente el fenómeno del desplazamiento forzado, y se insista en
que las familias regresen a sus hogares sin que exista un verdadero
acompañamiento a las víctimas.
“Desde su desplazamiento solo se acompañó a
las familias en su salida, dejando que cada una de ellas busque refugio o
acomodo como mejor pueda, ya sea con familiares o amigos, sin que exista el
menor interés por solucionar el problema de fondo y con las familias, de manera
colectiva, es decir buscando brindar todos los apoyos acordes a los estándares
internacionales en materia de desplazamiento forzado”.
Hizo un llamado a que el Congreso de
Guerrero promulgue la ley reglamentaria de la Ley número 487 para Prevenir y
Atender el Desplazamiento Interno en el estado, “pues hasta el momento las
víctimas no han sido atendidas de manera digna y el desplazamiento forzado
aumenta ante la inacción o aquiescencia de las autoridades con respecto a la
violencia generada por grupos delictivos”. (ANG)
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