Exige grupo ciudadano invalidar la concesión de los parquímetros



Miembros de la organización “Proyecto Ciudadano por Guerrero”, anunciaron el inicio de una ruta legal y jurídica, con la que se busca invalidar el convenio que firmó el entonces presidente municipal Mario Moreno Arcos, para la instalación de parquímetros en las principales calles de la capital, dado que el convenio tiene
muchas pifias y resulta inconstitucional.
Encabezados por el perredista Ramiro Mercado, los miembros de la organización, señalaron que el presidente municipal no pidió la aprobación del Congreso del Estado para signar un convenio que va más allá de su administración, pues a la empresa se le concesionaron por 10 años las calles de la capital para administrar más de mil cajones de estacionamiento.
Indicaron que incluso el cobro de multas por no pagar el parquímetro es ilegal porque no está contemplada en el catálogo de cobros que especifica la Ley de Ingresos del Gobierno Municipal.
Indicaron que la ruta legal que determinaron seguir para combatir estas ilegalidades es primero pedir la intervención del Congreso del Estado para que se emita un punto de acuerdo con el que se  rescinda el contrato a la empresa sin agravio para el municipio, por ser ilegal la forma en que fue firmado.
De acuerdo con la información que tiene este grupo, el plan de negocio de la empresa “Estrategias de Movilidad Urbana SA de CV”, con los parquímetros se lograría una recaudación de 7 millones de pesos por año, a un plazo de 10 años, lo que le redituaría a esta empresa más de 70 millones sin embargo hasta la fecha no han llegado a la meta establecida.
Debido a que no han cumplido su meta de negocios, la empresa todos los recursos que se generan se quedan en los particulares de tal forma que no se genera ningún beneficio ni económico ni de movilidad para la población e Chilpancingo, pues más del 80 por ciento de la población considera que estos parquímetros no ayudan en nada a la movilidad en las calles del centro de la ciudad y mucho menos generan un beneficio para el comercio o residentes de la zona.
En caso de que el Congreso del Estado no retome la propuesta de iniciativa de ley que ya fue entregada en la oficialía mayor del Poder Legislativo, la ruta a seguir sería promover un amparo ante la justicia federal, con el que se busque determinar que el contrato es inconstitucional, además de que los ciudadanos no tiene por qué pagar por el uso de una calle que fue construida y pavimentada con recursos públicos.
Los quejosos mostraron las copias del documento que entregaron al Congreso del Estado, con los sellos impresos y fechado el 27 de junio, dijeron que esperarán un tiempo pertinente para solicitar respuesta a sus escrito y de no haberla se tomarán otras acciones.
Finalmente pidieron a la población que sea afectada por el cobro o multas del parquímetro para que se acerquen a su organización y serán apoyados para interponer un amparo administrativo ante la junta de lo Contencioso Administrativo, donde ya tiene casos ganados en los que se exime al ciudadano el pago de multas por lo ilegal de estos parquímetros. (Por Abel Miranda Ayala)

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