Niega el alcalde de Zihuatanejo haber solicitado acciones contra sus policías
*Pide que así como se anunció la detención de 51 elementos
por “presunta
infiltración”, se de a conocer la liberación de 40.
El presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García
Bello, negó que haya solicitado la intervención de las fuerzas federales y
estatales para que desarmaran a su Policía Preventiva, como aseguró el jueves
el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
Refirió que el Ejército realiza entre cuatro y cinco
revisiones por año a la corporación.
En entrevista telefónica, externó su preocupación por la
"mala interpretación" que las autoridades estatales le están dando a
la detención de los 51 elementos policíacos y la presunta infiltración en la
corporación por grupos del crimen organizado.
"El vocero dijo que yo le externé al gobernador (Héctor
Astudillo Flores) la preocupación de esto y que estaba colaborando,
malinterpretándose que yo denuncié a gente que estaba involucrada en el crimen
organizado, lo cual no es así. Él se refiere a la preocupación que tengo para
regularizar la Policía Preventiva", comentó.
Pero pidió que así como las autoridades estatales anunciaran
la detención de los policías, también anuncien su liberación, porque
"tienen buena fe" y, además, el nuevo Sistema Penal Acusatorio
antepone la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario.
Informó que el 10 de abril, la SEDENA revisó la licencia
colectiva (de los policías preventivos), y precisó que la credencial de cada
elemento debe estar actualizada al aprobar el proceso de certificación, misma
que los acredita para portar arma de fuego.
Refirió que de los 240 policías preventivos, el 60 por
ciento no ha aprobado los exámenes de control de confianza, y refirió que así
la recibió de la pasada administración, encabezada por el priista Erik
Fernández Ballesteros (2012-2015).
La vida del alcalde corre peligro:
García Bello sintetizó la dramática situación de la Policía
Preventiva de Zihuatanejo, al confirmar que no tiene capacidad para dar de baja
y liquidar a los elementos que no aprobaron los exámenes de control de
confianza, y que por tanto no tenían actualizada la credencial para portar arma
de fuego.
Añadió que el Ayuntamiento no tiene presupuesto suficiente
para finiquitarlos, y porque, admitió, "la vida del alcalde corre peligro,
porque se trata de elementos que tienen ciertos intereses en la corporación;
por eso el alcalde anterior no los dio de baja; tienen derechos humanos y
laborales".
Refirió que al inicio de su mandato envió a los policías a
cursos de capacitación; sin embargo: "varios de lo que hicieron el examen
nuevamente lo reprobaron".
El alcalde García Bello refirió que todos los detenidos el
lunes por efectivos del Ejército "son policías", quienes no contaban
con la credencial actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para
portar arma de fuego, la cual se les asigna al aprobar la certificación.
"No hay civiles armados portando armas y uniformes;
todos son policías. Es un asunto de orden administrativo, al no contar con la
credencial para portar arma", explicó.
Agregó que los policías fueron detenidos para investigar su
estatus dentro de la corporación, por eso nueve elementos fueron liberados
inmediatamente, al comprobar con documentos oficiales su acreditación como
policías en activo.
Gustavo García pidió "tolerancia" para enviar
nuevamente a evaluar a los elementos de mayor antigüedad que no están
acreditados, con el compromiso de dar de baja a quienes no aprueben ese
proceso.
“La ley prevé que los elementos que no aprueben los exámenes
de control de confianza por consumo de enervantes, deben ser dados de baja sin
derecho a liquidación”, sostuvo.
Finalmente informó que la seguridad del municipio está en
manos de la Policía del Estado, con el apoyo del Ejército, en tanto se resuelve
la situación de los 18 elementos que hasta este viernes permanecen retenidos.
El alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, también
perredista, fue asesinado a balazos el pasado mes de julio luego de denunciar
presiones en su contra por parte del crimen organizado.
Hace menos de un mes, por su parte, el presidente municipal
de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, del PRD, tuvo que salir del municipio
ante la amenaza de ser asesinado junto con su familia. Actualmente cuenta con
fuerte resguardo a cargo de policías estatales y federales. (www.agenciairza.com)
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