No acuden diputados a la revisión del caso de Saúl Beltrán

Este jueves comparecieron ante el equipo técnico y jurídico de la Comisión Instructora del Congreso de Guerrero el agente del Ministerio Público y la Juez Penal que intervinieron en la integración de la averiguación previa y la liberación de la orden de aprehensión en contra del diputado priista, Saúl Beltrán

Orozco, vinculado a la delincuencia organizada y acusado de homicidio doloso.

Fuentes internas del Congreso confirmaron a ANG que hoy (ayer) se realizó el desahogo de las pruebas testimoniales que ofreció la defensa del legislador, quien enfrenta un juicio de procedencia para ser desaforado, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a declaraciones que hizo el titular de la FGE, Xavier Olea Peláez a medios de comunicación el pasado 10 de marzo, el agente del Ministerio Público y la Juez pudieron haber actuado presionados por la delincuencia organizada mediante amenazas o soborno, sin embargo no fue posible conocer si ambos confirmaron esa situación ante la Comisión Instructora.

La autoridad ministerial y judicial contestaron los interrogatorios formulados por la defensa del diputado Saúl Beltrán y representantes de la FGE.

 “Los testigos fueron citados para el desahogo de prueba, con la finalidad de tener más elementos legales, y poder resolver con mayor claridad el asunto de la declaración que se sigue en contra del diputado”, reveló la fuente.

La audiencia fue ordenada por auto de fecha 31 de marzo, desarrollándose este jueves en la Sala Armando Chavarría en la sede del Legislativo, sin embargo los diputados que integran la Comisión Instructora no estuvieron presentes porque al mismo tiempo se desarrollaron dos sesiones ordinarias en el pleno del Congreso.

Durante la audiencia asistieron, además del Ministerio Público y la Juez,  personal de apoyo y del área técnica y jurídica de la Comisión, que es presidida por el diputado panista Iván Pachuca Domínguez.

Para el 18 de abril la FGE y la defensa del diputado presentarán sus alegatos y será hasta el 3 de mayo cuando los integrantes de la Comisión Instructora -tras analizar toda la información, los documentos y las testificaciones- emitan el dictamen correspondiente, en el que se decretará si es o no procedente el desafuero de Saúl Beltrán, para posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Desde el pasado 9 de enero se emitió una orden de aprehensión contra Beltrán Orozco por el delito de homicidio calificado, presuntamente por haber ordenado el asesinato de José Antonio Ceferino Gil, empleado del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, quien atestiguó el secuestro del párroco de ese municipio, José Asencio Acuña, quien también fue asesinado.

Sin embargo, no se ha podido ejecutar la acción penal porque el diputado goza de fuero constitucional, razón por la que la FGE solicitó al Congreso iniciar un juicio de procedencia en su contra a fin de eliminar la inmunidad.

El proceso se detuvo por casi un mes porque la FGE no había enviado a la Comisión Instructora documentación que solicitó la defensa del inculpado, en consecuencia, no se podía elaborar el dictamen.

Beltrán Orozco ha reconocido públicamente que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte “El Tequilero”, identificado por las autoridades estatales como el responsable de la violencia y secuestros masivos ocurridos en San Miguel Totolapan desde 2016. (ANG)