Urge reformar Ley de Obras Públicas para evitar “moches”: Francisco Gallo



El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer, demandó que se reforme la Ley de Obras Públicas para que se frenen los "moches" que piden funcionarios del gobierno para asignar la obra pública a las empresas constructoras.
Durante la toma de protesta al delegado estatal de la AMIC en Guerrero, Alfredo Adame Arcos, Gallo afirmó que debe de acabarse ya la facultad de los gobiernos (federal, estatal y municipal) para asignar obras de manera directa, sin realizar licitaciones.
"Cuando menos deben de competir en la licitación tres empresas", dijo el dirigente ante los socios de esta nueva organización que se constituyó hace cinco meses, luego de que él y muchos empresarios renunciaron a la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción (CNIC), por supuestas irregularidades en el proceso de elección para líder nacional de esta agrupación.
"Esto es un cáncer nacional y por ello necesitamos evitar que un funcionario le dé la obra pública a un amigo, y eso lo dice la Ley (de Obras Públicas), lo permite porque está mal de origen", refirió.
Señaló que está tan mal esta Ley que hasta el Ejército Mexicano realiza obra pública, sin que la Secretaría de la Defensa Nacional realice una convocatoria para un concurso de licitación.
Mencionó que aquí en Guerrero, con el pretexto de que hay inseguridad, el Ejército Mexicano construye obras, y recordó que en el 2013, luego de los fenómenos meteorológicos por la tormenta tropical "Manuel" y el huracán "Ingrid", la institución castrense realizó obra pública.
"El Ejército debe de estar resguardando el país, no quitándole el trabajo a los albañiles, a los peones, a los operadores y a las empresas", dijo.
El dirigente de los empresarios de la construcción planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados modifique las leyes de Obra Pública y de Desarrollo Social, porque son normas que actualmente promueven la corrupción.
Mencionó el caso de los diputados federales, que hasta ellos pueden realizar la obra pública con 20 millones de pesos que les asignaron para la gestión social.
"Ahora el país tiene a 500 diputados constructores con charola", ironizó el dirigente de la AMIC.
Manifestó que quizás por ser tan críticos hacia las políticas públicas del gobierno, es por lo que no se les otorgan las grandes obras, y "sólo nos dan puras migajas".
El líder de los empresarios de la construcción afirmó que tanto el gobierno federal como de los estados adeudan alrededor de siete mil millones de pesos por la obra pública que han realizado las empresas. (www.agenciairza.com)

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