Diálogo Obispo-delincuencia podría ser útil… Tlachinollan

El presidente del Ventro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, hizo un llamado público al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para que el diálogo que ha tenido con miembros de la delincuencia organizada lo extienda hasta personas que han sido

señaladas de cometer el delito de desaparición de personas y con ello se pudieran esclarecer casos como el de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Barrera Hernández participó en el foro Derechos Humanos y Seguridad: Una Falsa Dicotomía,  en la que compartió espacio con víctimas de actos cometidos por el Ejército Mexicano, como Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla, que fue visto por última vez detenido en un cuartel militar y luego lo desaparecieron, sobrevivientes de la masacre de El Charco, la indígena violada por militares Valentina Rosendo, familiares de Bonfilio Rubio Villegas que fue asesinado extrajudicialmente en un retén colocado por el ejército en Huamuxtitlán y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

En el foro se coincidió en que la legalización de las acciones del Ejército en materia de seguridad pública permitiría una militarización en las calles del país y se legalizarían los abusos y violaciones a los derechos humanos que constantemente están cometiendo.

“Es importante que la sociedad debata este tema de la permanencia del Ejército en las calles desde el punto de vista de quienes han sido afectados y que los legisladores que debatirán este tema conozcan los casos y en les sirvan para formarse un criterio antes de emitir su voto”, señaló Abel Barrera.

Cuestionado respecto a las declaraciones del obispo de Chilpancingo, dijo que las declaraciones del obispo se entienden porque no ha habido canales de diálogo, “no se están encontrando alternativas de cómo resolver este problemas de macro criminalidad, porque estamos hablando de estructuras colapsadas por el crimen, regiones controladas por el crimen, y en ese sentido creo que la Iglesia ha sido históricamente un factor que ha facilitado el diálogo”.

Sin embargo dijo que para que este diálogo tenga mayor sentido se debe extender hasta las personas que se encuentran en las cárceles acusadas de delitos de desaparición y así podría ayudar a resolver casos como el de los 43 desaparecidos de Iguala, pues quienes son responsables podrían aportarle datos importantes.

“Si esto que propone el obispo abonara más a que se platique con quienes si tiene información sobre este caso de desaparecidos y que pudieran ayudar a dar pistas para dar con el paradero, creo que sería una contribución muy importante: si lo enmarca solamente en dialogar con los grupos organizados que se están disputando territorios por el trasiego de la droga y solamente buscar el diálogo sin tener una base previa, una plataforma que tiene que ver con el desmantelamiento de las estructuras delincuenciales que tiene que ver con las estructuras de gobierno, sentimos que no tendría mucho impacto, mucha repercusión”.

Agregó que el señalamiento de que las estructuras de gobierno están vinculadas con el crimen es algo que ya también había dilucidado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que apoyó en la investigación del caso Ayotzinapa, pues determinaron que las autoridades actuaron de manera sincronizada con los delincuentes”. (Por Abel Miranda Ayala)