Se le hizo “bolas el engrudo” a la Sedatu el asunto de casas afectadas por huracanes

Aun cuando no quiso reconocer abiertamente que haya habido negligencia en la elaboración de los padrones de las familias damnificadas por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), José Manuel Armenta Tello, simplemente

reconoció que no tiene argumento alguno acerca del por qué casi tres mil viviendas no aparecen en los registros de afectaciones por esos fenómenos hidrometeorológicos, aunque sí señaló que “de manera inexplicable no están registradas y por ese motivo no fueron atendidas por el Fondo de desastres Naturales (Fonden).

Son dos mil 788 casos que no aparecen en los registros de las afectaciones provocadas por “Manuel” e “Ingrid”, entre los cuales incluso se encuentran los casos de comunidades como San Vicente, Coapango, Azinyahualco, Chicahuales, El Fresno y Agua Hernández, del municipio de Chilpancingo, que a tres años y medio de distancia no han podido ser reubicadas, las cuales para ser atendidas se requiere de un presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos, indicó.

“Yo no era delegado de Sedatu en ese entonces, no tengo un argumento en el que pueda explicar claramente por qué circunstancia no fueron incorporados a la carga de trabajo del FONDEN este número importante de familias”, respondió el delegado de esa dependencia cuestionado acerca de la denuncia que hicieron integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, que ayer bloquearon por segundo día consecutivo la carretera Tlapa-Puebla porque a tres años y medio de la desgracia que sufrieron no han sido atendidos.

Armenta Tello aceptó que más de 200 comunidades de 15 municipios del estado, quedaron fuera de los apoyos que otorga el Fonden, situación en la que se encuentran las comunidades de San Vicente, Coapango, Azinyahualco, Chicahuales, El Fresno y Agua Hernández, del municipio de Chilpancingo, a pesar de que cuentan con dictámenes avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en los que se establece que son predios inhabitables.

Dijo que de estas viviendas que necesitan atención, más de mil 300 presentan daños menores como la reparación de su techumbre, en una menor proporción las que necesitan ser reconstruidas y sólo 300 las que tienen que ser necesariamente reubicadas en otros predios.

Señaló que estos dos mil 788 casos de viviendas que desde el 2013 no han sido atendidas están ubicadas, aunque expresó que “no está en el ámbito de la competencia de la delegación de SEDATU resolver el problema de los subregistros, porque representa una cantidad importante de recursos”, pero además es dinero con el que esa dependencia federal no cuenta, es más no fue presupuestado para este año.

Cuestionado acerca de quién es el culpable de que este número de viviendas afectadas por “Manuel” e Ingrid” no hayan sido incorporadas al padrón de afectaciones, el delegado de la Sedatu indicó que “no es culpa de nadie, ya que fue una situación compleja que vivió el estado de Guerrero en el 2013 por la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que pusieron en situación de daño grave la infraestructura de vivienda rural y urbana del estado de Guerrero.

El funcionario federal se empeñó en afirmar que no hubo negligencia a la hora de elaborar los padrones de afectados por los dos fenómenos hidrometeorológicos, ya que la mayoría de los casos son de comunidades que estuvieron incomunicadas durante periodos considerables de tiempo, se inició la construcción y entiendo que el proceso de registro de levantamiento de las familias damnificadas ya no se dio”.

Señaló que en esta situación se encuentran las comunidades de Azinyahualco, San Vicente, Chicahuales, El Fresno y Agua Hernández, entre otras, cuyos dictámenes del Cenapred señala que tienen que ser reubicada y que hasta el momento no han recibido atención alguna.

Al respecto, Armenta Tello reconoció que no tiene un argumento que explique por qué los casos de estas localidades del municipio de Chilpancingo e incluso otras de Acapulco, no aparecen en los registros, a pesar de que los Ayuntamientos han aportado pruebas documentales de que sí hicieron los reportes correspondientes en tiempo y forma. (Baltazar Jiménez Rosales)