Hace el IEPC unas precisiones sobre los salarios de consejeros electorales

Después de que diversos medios de comunicación tanto impresos como electrónicos ventilarán los salarios de los consejeros electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), este organismo hizo ayer algunas precisiones al respecto y, de entrada rechaza “que sin

mayor fundamento se asignen calificativos a su tarea institucional y percepciones salariales de sus funcionarios, sin que haya un procedimiento iniciado por las autoridades competentes.

Aclara además, que los salarios que devengan los consejeros electorales, incluido el de la presidenta del organismo, Marisela Reyes Reyes, no fue aprobado por el actual Consejo General sino por el que fungía en el 2014 y destaca que esa información  constituye información pública, pues incluso está disponible en la página web del IEPC, aunque destaca que ahí aparecen “cifras brutas, a las que recae una carga impositiva en términos fiscales del 35 por ciento”.

Y es que en la información que comenzó a circular desde hace tres días en los medios de comunicación se critica que los consejeros electorales en solidaridad con la sociedad por el incremento al precio de los combustibles, los consejeros electorales hayan decidido reducirse el sueldo en un 10 por ciento.

En este sentido, esa información indica, a manera de ejemplo que la presidenta del Consejo General del IEPC de ganar originalmente 212 mil 930 pesos mensuales, ahora ganará 191 mil 637 pesos, en tanto que los demás consejeros electorales de percibir 175 mil 974 con el 10 por ciento de reducción ahora percibirán 158 mil 376 pesos.

Al respecto, a través de su Unidad Técnica de Comunicación Social, el IEPC aclara que los salarios de los consejeros electorales y funcionarios de este organismo se encuentran publicados en su página web “en cumplimiento al principio rector de máxima publicidad y las leyes competentes en materia de transparencia y normativa aplicable del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Además, aclara que las percepciones salariales de los consejeros electorales consignadas reproducidas por diversos medios de comunicación “constituyen cifras brutas a las que recae una carga impositiva en términos fiscales del 35 por ciento”, es decir, que ni la consejera presidenta gana los 212 mil 930 pesos mensuales, ni los demás integrantes del Consejo General del IEPC perciben los 175 mil 974.

Señala también que estos salarios fueron aprobados por el Consejo General que fungía en el 2014, año en el que producto de una reforma constitucional y legal, se modificó la forma y designación de los consejeros actuales y en funciones desde octubre de ese año, por lo que llama la atención que los salarios no resultaran “escandalosos” y “exorbitantes” antes, pese a que en términos de ley debieron formar parte del presupuesto y cuenta pública de ese entonces.”

Los consejeros electorales resaltan en su comunicado: “resulta preocupante que hablar con la verdad sea motivo de una sanción mediática, pues el tema salarial debe ser objeto de un debate amplio y serio, vinculado a la naturaleza de la institución, la trayectoria de sus funcionarios, el trabajo realizado y una evaluación objetiva de su desempeño institucional, en este caso, sobre la realización de procesos electorales locales que para el caso de la elección de Ayuntamientos y Diputados, dará inicio en septiembre de este año así como los mecanismos de participación ciudadana, entre otras tareas”.

Asimismo, rechazan que sin mayor fundamento se asignen calificativos a la tarea institucional y percepciones salariales de los funcionarios del IEPC “sin que haya un procedimiento iniciado por las autoridades competentes, sobre todo cuando la institución ha sido objeto de una fiscalización permanente desde la designación de sus consejeros actuales a la fecha, con la realización de cinco auditorías sin que hasta el momento se haya emitido un pliego final de observaciones”.

Finalmente, el IEPC hizo un llamado respetuoso a los actores políticos y sociales a debatir este y otros muchos temas que resulten trascendentales para nuestro estado y país de manera responsable, pues el tema de los salarios en el contexto de inseguridad que se vive actualmente, abordado de la forma en como hasta  ahora se ha hecho, no hace mayores aportaciones y sí pone en una zona de riesgo a sus funcionarios. (Baltazar Jiménez Rosales)