El 30 por ciento de empresarios de Acapulco paga “cuota”, denuncian
*La incidencia de homicidios disminuyó porque
se accede a
la extorsión”, argumenta el presidente de la
CONCANACO.
El 30 por ciento de los 55 mil
empresarios locales de Acapulco “pagan cuota” al crimen organizado para no ser
“asesinados”, confirmaron este jueves a diputados locales miembros de este
sector, quienes demandaron la creación de un fondo económico especial para
víctimas de extorsiones.
Pero estimó que podrían acabar el
año con cerca de mil 3 mil negocios cerrados en el puerto, derivado del repunte
de la violencia e inseguridad, entre ellos bares y discotecas emblemáticos, así
como de giros diversos.
Martínez Sídney y un grupo
de empresarios de casi todo el estado afiliados a la Cámara Nacional del
Comercio (Canaco) se reunieron con diputados locales, a quienes denunciaron el
hostigamiento diario que enfrentan por parte del crimen organizado.
De acuerdo con los empresarios, la
incidencia de homicidios dolosos
ha disminuido considerablemente, pero ha incrementado la extorsión.
“La gente está pagando para evitar ser asesinada, por eso han bajado los
homicidios”, precisó.
Advirtieron el colapso de la
actividad comercial de Acapulco y de otros municipios de la región Costa
Grande y Centro, si autoridades permiten que los grupos criminales
sigan haciendo de las suyas, pues hasta las vendedoras de chicles “pagan
cuota”.
Martínez Sídney adelantó que debido
al pago de aguinaldos y el incremento de precios de diversos artículos para el
siguiente año, aumentarán los casos de extorsión, incluso a partir
de enero del 2017, por lo que urgió a las autoridades tomar medidas
preventivas.
Vamos a tener que defendernos:
Arcadio Chona, empresario del
municipio de Juan. Escudero, advirtió que si el gobierno no garantiza la
seguridad de los ciudadanos, “vamos a tener que auto defendernos”, aunque
aceptó que tampoco es sencillo, porque requieren armas.
Planteó que los recursos millonarios
que se destinan anualmente a los cuerpos de seguridad, sin garantizar buenos
resultados, que se canalicen a las
policías ciudadanas. No obstante, también pidió la regulación de estos grupos.
Porque además, dijo, también
incurren en actividades deshonestas, como obligar a los automovilistas que
transitan por la carretera federal México-Acapulco a entregarles “cuotas” a
manera de “cooperaciones voluntarias para su movimiento”.
“No pedimos dinero, pedimos que nos
dejen trabajar, porque están matando al comercio”, advirtió el empresario
Javier Saldívar Rodríguez.
Cuestionó el trabajo del titular de
la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez, porque en cada reunión les
dice que no existe “delincuencia organizada”, que se trata de grupos de cinco
personas que “andan extorsionando”.
Y que además la Fiscalía carece de
recursos suficientes para implementar acciones contundentes contra la
delincuencia organizada que inhiba el “flagelo” que viven todos los días.
Los empresarios pidieron a los
diputados que incrementen el presupuesto de la Fiscalía para el próximo año
para que Olea Peláez “no tenga pretextos”.
Leyes y reunión con Osorio Chong,
plantean:
Alejandro Aguilar y Francisco García
Burgoa demandaron la intervención del Congreso y de las autoridades estatales
para reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para
plantearle la situación de inseguridad que se vive en la entidad y las acciones
que deben implementarse para recuperar sus actividades comerciales.
Anunciaron también que impulsarán
leyes y reformas a la Constitución que beneficien a los ciudadanos y no a los
delincuentes.
Propusieron la creación de un fondo
financiero para víctimas de extorsión y secuestro, así como respaldo jurídico y
psicológico, para enfrentar estas crisis que destruyen sobre todo la actividad
económica y la paz social y sobre todo a las familias.
También pidieron
una ley más severa para que el delito de extorsión se tipifique
como grave porque el nuevo sistema penal acusatorio permite a quienes
incurren en ese delito a enfrentar el proceso en libertad, lo cual constituye
un riesgo para la vida de las víctimas.
Agregaron que hace falta más
coordinación en los operativos de seguridad implementados de manera
extraordinario por autoridades del gobierno federal y del estado, falta
más coordinación y eficacia, porque los filtros sólo han estado de adorno, “en
los operativos podemos ver a los agentes federales dejar pasar libremente a
todo mundo”. (www.agenciairza.com)
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