El proyecto Nuevo Guerrero fue “un sueño guajiro” para las comunidades de la sierra

Al cumplirse tres años de que la tormenta Ingrid y Manuel causara la peor contingencia que se tiene registrada en el Estado de Guerrero, habitantes de siete comunidades localizadas en la sierra de Guerrero se manifestaron en las oficinas de la Delegación en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y

Urbano (SEDATU), para denunciar que no se ha cumplido con su reubicación y en algunos casos ni siquiera fueron incluidos en el FONDEN a pesar de tener dictámenes de afectaciones.

Los quejosos provenientes de las comunidades de Tierra Colorada y Las Joyitas, del municipio de Leonardo Bravo; San Vicente, El Fresno, El Tejocote, Azinyahualco y Chicahuales del municipio de Chilpancingo, señalaron que son tres años en los que han acudido decenas de veces a la SEDATU para saber del avance en su gestión y lo que reciben son sólo aplazamientos y ninguna respuesta.

"Las familias están en riesgo, pues los daños dejaron las comunidades muy afectadas y existen los dictámenes de Protección Civil que las catalogan como inhabitables, pero por diversas causas el apoyo no ha llegado", acusó David Damián García, dirigente de la organización Pueblos Unidos por el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero (PUEDESS) la cual se han incorporado como acompañamiento a estas comunidades que no han recibido el apoyo gubernamental.

Explicó en todas estas comunidades hay grandes retrasos en sus reconstrucciones, y en la que mayor avance hay es en Tierra Clorada, sin embargo fue construida después de un río donde se requerirá la construcción de un puente con un costo de más de 60 millones de pesos, de tal forma que resultaría más barato volver a construir las casas en un sitio antes del río que hacer el puente.

"En estas siete comunidades son más de mil familias las que desde hace tres esperan su reubicación, y lo peor, siguen viviendo en zonas de alto riesgo, como lo establecieron Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED)".

“Hasta ahorita no ha sido reubicada ninguna familia, a tres años, hace falta todo, no hay viviendas, no hay luz, siguen viviendo en los lugares donde fue dictaminado que eran zonas inhabitables”, acusó el dirigente.

En varios encuentros que han tenido con el delegado de SEDATU, José Manuel Armenta Tello, la única respuesta es que fue  responsabilidad de las administraciones pasadas y que primero se debe resolver el asunto de las clausuras de los predios por parte de la PROFEPA.

“Una de las clausuras es Azinyahualco, donde las autoridades no hicieron los procedimientos correspondientes y PROFEPA les canceló, entonces no se puede construir hasta en tanto no cubran los requisitos y lineamientos legales”, dijo David Damián.

Minutos después de iniciada la protesta, arribó el delegado para conocer las inconformidades y tras una breve discusión acordaron establecer una mesa de diálogo, pero antes los damnificados le exigieron ser recibidos cada vez que acudan a la delegación y no les sean cerradas las puertas como ocurrió ayer. (Por Abel Miranda Ayala)