No han aclarado el destino de 26 mil millones de pesos y aún están libres
Al menos 32 ex funcionarios de las últimas tres
administraciones estatales, se encuentran bajo investigación por la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental debido a la falta de solventación
de los recursos que ejercieron, aunque hasta el momento
no se ha iniciado
ningún proceso penal.
Mario Ramos del Carmen, titular de la dependencia estatal,
precisó que la investigación está contemplada desde la administración del ex
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo hasta el interinato de Rogelio Ortega
Martínez, las cuales generan una bolsa superior a los 26 mil millones de pesos
observados.
En entrevista informó que las secretarías de Salud y
Educación son las áreas más "delicadas" por la importancia y cantidad
de recurso que ejercieron anualmente durante esas etapas de gobierno.
De acuerdo con el funcionario estatal, la investigación está
basada en dos vertientes: por recursos federales en coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública, como de
recursos estatales.
Informó que la ASF ha radicado "bastantes
auditorías" que ya se aplicaron contra funcionarios de las pasadas
administraciones y de las cuales se han detectado a alrededores de 32 presuntos
responsables.
Sin embargo, mantuvo en reserva las identidades y cargos de
estos ex funcionarios porque "el proceso no ha terminado". Todos
ellos, explicó, se encuentran en la etapa de resarcimiento del daño a las
finanzas públicas del estado.
"Aquí ya pasó la etapa de solventación y se encuentran
en resarcimiento, antes de enfrentar alguna acción, en relación a la
continuación de responsabilidades", precisó el funcionario después de
encabezar la inauguración de la "Exposición fotográfica y dibujo por los
valores humanos en Guerrero", cuyo evento se efectúo en el edificio Centro
de Palacio de Gobierno.
Por otro lado, dijo, la dependencia a su cargo inició otro
proceso de investigación con sus propios auditores en cuanto a la ejecución de
recursos estatales, a través del Órgano de Control.
"Atendemos lo que hemos hecho con los recursos
federales en auditorías que hemos hecho de manera dictada o de manera conjunta
con auditorías de la SFP, "hemos encontrado bastantes observaciones".
Aunque aclaró que hasta ahora no han presentado ninguna
denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado porque aún no concluyen la
auditorías y falta determinar el resultado de las mismas, así como la etapa de
solventación para proceder contra los ex funcionarios que no hayan cumplido con
todas las etapas del proceso.
A quienes primero se les debe convocar para iniciar el
trámite de solventación y luego de resarcimiento, pero en caso de no cumplir
con esas responsabilidades entonces se da parte al área jurídica para que en
consecuencia solicite el ejercicio de la acción penal.
Cuestionado sobre el conflicto político en el municipio de
Mártir de Cuilapan (Apango) por un grupo de ediles que exigen la destitución de
la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, a quien acusan de incurrir en actos de
corrupción, desvíos de recursos y nepotismo, Ramos del Carmen dijo que el caso
no ha llegado a la Secretaría de Contraloría.
Explicó que el tema es facultad de la Auditoría General del
Estado y del Congreso local, quienes revisan el ejercicio financiero de los
ayuntamientos con base a la información que presentan en sus cuentas públicas.
"No tenemos partición en ese asunto, sólo tenemos en
cuanto a las obras cuando es fondo federal el que se aplica, en coordinación
con la Secretaría de la Función Pública tanto de manera físicas como
financieras", expuso.(www.agenciairza.com)
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