Múltiples reclamos de justicia en el foro "Entre el dolor y la esperanza”

Familiares y representantes de organizaciones de víctimas de desaparición forzada exigieron este lunes al Estado mexicano no abandonar su responsabilidad de garantizar justicia e implementar estrategias para localizarlas con vida.
Convocaron a unir esfuerzos y como un solo bloque para presionar a los gobiernos federal y estatal y que continúen con las investigaciones de cientos de casos documentados en los últimos años.
Esto se dio a conocer durante el foro estatal denominado "Entre el dolor y la esperanza. Por la presentación con vida de los desaparecidos", el cual se efectuó ayer en esta capital, en conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, que reunió a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, a familiares de personas desaparecidas de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, entre otros, quienes lanzaron airados reclamos contra las autoridades por su “indolencia e incapacidad”.
El experto internacional en desapariciones es forzadas de la ONU, Edgardo Buscaglia, fue enlazado mediante una video-llamada para conocer algunos testimonios, y en su participación encomendó a las agrupaciones y familiares de las víctimas "plantarse" frente a la oficina del Alto Comunicado de la ONU, de la Ciudad de México.
También, buscar el acompañamiento de la prensa para exigir el "amparo internacional" y que sus casos sean traslados a los tribunales internacionales de derechos humanos, porque hasta ahora –señaló- el estado mexicano ha no ha hecho lo necesario para garantizarles justicia y, por el contrario, han alargado los procesos de investigación para apostarle al olvido.
Les recomendó no aceptar dinero del gobierno federal para continuar con sus acciones, porque es allí donde se "corrompen" las investigaciones, pero sí, dijo, buscar el respaldo de organizaciones internacionales dedicadas a la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Durante este encuentro, familiares expusieron los casos de desapariciones forzadas que les ha tocado vivir con sus hijos o familiares cercanos. Coincidieron en señalar la "lentitud" de las autoridades en los procesos de investigación, pero también la complicidad que presuntamente mantienen con el crimen organizado, quienes ejercen amenazas de todo tipo para que desistan de sus reclamos.
Uno de tantos casos fue expuesto por María Guadalupe Rodríguez Narciso, quien representa a familiares de 200 personas desaparecidas de Chilpancingo. Narró la desaparición de su hijo y con llanto denunció las amenazas de muerte que ha recibido vía telefónica para que deje de "estar chingando", lo que motivó que decidiera "sacar de la ciudad a mi otro hijo".
Citlalli Miranda, integrante de la organización "Los otros desaparecidos de Iguala", exclamó que tiene "miedo" por las amenazas de muerte que ha recibido porque desde hace más de año y medió decidió romper el silencio y junto con otras personas inició la búsqueda de sus familiares.
Anunció que al concluir el periodo de lluvias, volverán a organizarse para iniciar la búsqueda de personas en fosas clandestinas localizadas en los alrededores de la cabecera municipal de Iguala.
Desigualdad del Estado ante los 43
En este encuentro fue exhibida la "desigualdad" que ha generado el gobierno federal porque, aseguraron, ha enfocado su atención  en los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal, lo cual –consideraron- no es malo, pero sí desigual.
Por "Los otros desaparecidos" de Iguala acusaron que se ha priorizando el caso de los normalistas pese a que existen decenas de casos similares, y Citlalli Miranda Mayo, de la citada organización, denunció que el gobierno federal ha desestimado y minimizado el dolor de los familiares de los demás desaparecidos.
Natividad Díaz Navarro, de la organización "Siempre vivos" de Chilapa, respaldó la propuesta del fiscal Xavier Olea Peláez de "militarizar" las agencias del Ministerio Público, y añadió que prefieren una "estrategia militarizada" en las investigaciones que seguir con una Fiscalía "omisa e indolente" que no garantiza justicia.
Agregó que tampoco  quieren que los policías preventivos realicen operativos  por considerar que hasta el momento han sido ineficientes en su tarea de garantizar seguridad a la ciudadanía. (www.agenciairza.com

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