Desde la AGE protegen a la alcaldesa de Apango, acusan síndico y regidores

Si bien manifestaron su confianza en que hoy la Comisión de Examen Previo de Congreso del Estado emita el dictamen a favor de la demanda de juicio político y de revocación de mandato que interpusieron en contra de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan —Apango—, Felícitas

Muñiz Gómez, la mitad del Cabildo de ese municipio está decepcionada por la actitud asumida hasta estos momentos por la Auditoría General del Estado (AGE), ya que dejó entrever que pretende proteger a toda costa a la alcaldesa.

El síndico procurador, Benito Sánchez Ayala y los regidores de la comuna apánguense Edelmira del Moral Miranda, María del Rosario López García y Humberto Palacios Celino, acudieron ayer a la AGE porque la semana pasada el titular del organismo fiscalizador de los recursos públicos, Alfonso Damián Peralta, se comprometió a entregarles el pliego de observaciones realizado por la Auditoría al Ayuntamiento de Mártir de Cuilapa correspondiente al último trimestre del año 2015, pero resulta que el auditor ya ni siquiera los recibió y en su nombre fueron atendidos por el responsable del área jurídica, Raúl Nogueda Salas, quien simplemente les dijo que no podía entregarles la mencionada información.

“Veníamos nosotros muy confiados que nos iban a entregar la información pero nos llevamos la sorpresa de que no nos entregaron nada…”, expresó molesto el síndico procurador de Apango.

—Había el compromiso de que se les iba a entregar hoy (ayer) esa información?, cuestionado un reportero.

—Efectivamente, el auditor general, Alfonso Damián, nos dijo que nos presentáramos hoy miércoles, que hoy (ayer) nos iba a entregar el pliego de observaciones, pero la persona que nos atendió, Raúl Nogueda Salas, que es el jurídico, nos manifestó que de acuerdo a las peticiones que hicimos no se podía entregarnos esa información, porque primero tienen que notificarle a la Presidenta y no se ha hecho. Es una contradicción porque el auditor te ofrece la información y a la hora de la hora resulta que no.

El síndico procurador de Apango y los tres regidores que lo acompañaban señalaron que no es la primera vez que la AGE les niega información que solicitan de manera formal, ya que cuando solicitaron la Cuenta Pública les dieron muchas largas y cuando finalmente les dijeron que sí les proporcionarían la información les salieron con que tenía un costo de dos pesos por copia simple y seis pesos por copia certificada y como el expediente es integrado por seis mil fojas, lo cual en total se disparaba hasta los 36 mil pesos aproximadamente, por lo que “nos fuimos de boca”.

Finalmente, señalaron, la información relativa a la Cuenta Pública de Apango les fue entregada por la AGE, pero porque se ampararon en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala que bien se les podía proporcionar en un medio magnético (Compact Disc) sin ningún costo.

Los ediles apanguenses manifestaron su confianza de que hoy la Comisión de Examen Previo del Congreso del Estado emitirá el dictamen a favor de la demanda de juicio político, por el cúmulo de graves irregularidades que ha cometido la alcaldesa en los nueve meses que lleva al frente del cargo, las cuales van desde la realización de “obras fantasmas” y una nómina en la que hay 19 “aviadores” además de que también están dados de alta 15 familiares y parientes cercanos a ella, lo cual tiene un costo quincenal al erario de 213 mil pesos aproximadamente por concepto de salarios.

Dijeron asimismo que desde que asumió la Presidencia Municipal, Felícitas Muñiz ha ejercido el presupuesto destinado al municipio de manera arbitraria, ya que ni siquiera rinde informes o realiza cortes financieros mensuales, bimensuales o trimestrales al pleno del Cabildo.

Señalaron que las irregularidades cometidas por la alcaldesa Muñiz Gómez son graves ya que nada más en el último trimestre del 2015 ejerció alrededor de 11 millones de pesos, mientras que en el primer semestre de éste año sólo para cuestiones de Seguridad Pública recibió cuatro millones 800 mil pesos de cuyo dinero nada se sabe porque el municipio no tiene patrullas, y los 28 policías municipales no cuentan ni con uniformes ni armamento ni con seguro médico. (Baltazar Jiménez Rosales)