No notificó por escrito a los maestros sobre la evaluación, dice la CETEG

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), reveló que se tiene lista la ruta de defensa jurídica para los profesores que sean despedidos por no presentarse a realizar el examen de evaluación y esta se desarrollará tanto en el ámbito nacional como en el internacional
“porque la acción del gobierno federal viola preceptos de convenios que el Estado mexicano ha suscrito ante la Organización Internacional del Trabajo”, dicen.
El secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, señaló que la Secretaría de Educación Pública ha cometido muchas violaciones a las normas legales en su proceso para tratar de implementar su reforma, por ejemplo no ha emitido las notificaciones por escrito a cada uno de los maestros a los que convocó a presentar la evaluación “y si no hay notificación, el trabajador no puede ser despedido”.
Agregó que la ruta jurídica se ha establecido a nivel federal mediante un grupo de abogados que contrató la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y esta se seguirá para todos los trabajadores que pretendan despedir, adicionalmente se ha tomado el acuerdo de que en cuanto se tenga el primer despedido la CNTE convocará al paro nacional y se iniciará también la lucha política en defensa de los compañeros.
Destacó que en este nivel de lucha el gobierno federal podría intentar aplastar los derechos de los trabajadores como lo hizo hace unos meses con los amparos que promovieron maestros de todo el país, sin embargo ahora se enfrentarán con una demanda laboral individual de cada uno de los maestros que intenten despedir.
Dijo que en el caso de los maestros de Guerrero a ninguno se le notificó que tendría que acudir a la evaluación, pues en algunos casos fueron informados por sus compañeros de manera verbal, otros se enteraron por terceras personas que tendrían que ir, pero oficialmente no se tiene un documento que es necesario si el gobierno pretende hacer el proceso de despido.
Ramos Reyes indicó que desafortunadamente las amenazas del gobierno estatal y federal para los maestros que supuestamente fueron notificados, han propiciado que en otros estados del país abogados "huizacheros", estén cobrando entre seis y siete ml pesos por llevar un supuesto amparo que no es procedente y sólo les quitará el dinero a los maestros.
"Nosotros en la ruta que tenemos trazada se toman en cuenta elementos de legitimidad, de constitucionalidad, porque se mantiene vigente el artículo 23 de la Constitución y también tenemos elementos de convencionalidad, que se refiere a los tratados y acuerdos que ha suscrito el gobierno mexicano como el 140 de la OIT, donde se protegen los derechos de los trabajadores".(Por Abel Miranda Ayala)