Se turnó a comisiones la solicitud de licencia del alcalde de Cocula
La Comisión Permanente del Congreso del Estado recibió ayer la solicitud de licencia del alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, para separarse del cargo de presidente municipal, el documento fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación donde
—por mero trámite— se espera que el juzgado noveno les informe oficialmente la situación legal del edil.
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el perredista Carlos Reyes Torres, la solicitud no puede analizarse sin tener primero información de la situación legal del alcalde que actualmente se encuentra recluido en un penal federal del estado de Guanajuato, “tenemos que enviar una solicitud de información, para saber si el alcalde, como lo han dicho los medios informativos, está sujeto al auto de formal prisión, mismo que según el Artículo 38, inciso dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a la pérdida temporal o suspensión de sus derechos políticos y civiles… “Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
Indicó que en este momento el Congreso no puede tomar una determinación porque le hace falta la información oficial que debe hacerle llegar el juzgado que mantiene encarcelado al alcalde Ramírez Crespo.
Recordó que tras la primera detención y el arraigo que la PGR hizo de este alcalde, el Congreso le solicitó información de la situación legal del presidente de extracción perredista pero la Fiscalía federal nunca respondió por eso el Congreso actuó con toda responsabilidad primero otorgando la licencia que el edil solicitó y después reinstalando en sus funciones.
“Queremos saber de manera oficial si ya se le dictó auto de formal prisión, pero que sea la institución que nos informe, si esto es así, pues ya no se requiere una licencia toda vez que él, automáticamente, tendría suspendidos sus derechos políticos y civiles; nosotros vamos a actuar de esa manera siendo muy respetuosos de la legalidad”.
En el caso de que se configure la pérdida de los derechos políticos y civiles del alcalde, la presidencia municipal quedaría de manera temporal a cargo de la sindica y se llamaría a asumir la titularidad al presidente suplente quien tiene derecho a asumir el cargo porque fue electo, y si él rechazara asumir la titularidad el gobernador tendrá que enviar una terna para que el Congreso designe al sucesor.
Al diputado se le cuestionó si consideraría necesario que su partidos defienda o acompañe jurídicamente al edil, “él tiene derecho, como todo ciudadano a una defensa, yo creo que él debe de buscar los abogados de su confianza para que pueda enfrentar la situación, yo no lo señaló como culpable pero creo que no debiera el partido político meterse en estos temas para que no se politice” Finalmente el edil culpó de omisión a la PGR dado que durante el período electoral el Partido de la Revolución Democrática solicitó que se investigara a sus precandidatos y candidatos y la dependencia no respondió “la PGR y el propio Gobierno Federal no tiene la capacidad de investigar, no tiene o no ha tenido la capacidad de respuesta en materia de seguridad como los ciudadanos lo deseamos y necesitamos”, concluyó. (Por Abel Miranda Ayala)
—por mero trámite— se espera que el juzgado noveno les informe oficialmente la situación legal del edil.
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el perredista Carlos Reyes Torres, la solicitud no puede analizarse sin tener primero información de la situación legal del alcalde que actualmente se encuentra recluido en un penal federal del estado de Guanajuato, “tenemos que enviar una solicitud de información, para saber si el alcalde, como lo han dicho los medios informativos, está sujeto al auto de formal prisión, mismo que según el Artículo 38, inciso dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a la pérdida temporal o suspensión de sus derechos políticos y civiles… “Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
Indicó que en este momento el Congreso no puede tomar una determinación porque le hace falta la información oficial que debe hacerle llegar el juzgado que mantiene encarcelado al alcalde Ramírez Crespo.
Recordó que tras la primera detención y el arraigo que la PGR hizo de este alcalde, el Congreso le solicitó información de la situación legal del presidente de extracción perredista pero la Fiscalía federal nunca respondió por eso el Congreso actuó con toda responsabilidad primero otorgando la licencia que el edil solicitó y después reinstalando en sus funciones.
“Queremos saber de manera oficial si ya se le dictó auto de formal prisión, pero que sea la institución que nos informe, si esto es así, pues ya no se requiere una licencia toda vez que él, automáticamente, tendría suspendidos sus derechos políticos y civiles; nosotros vamos a actuar de esa manera siendo muy respetuosos de la legalidad”.
En el caso de que se configure la pérdida de los derechos políticos y civiles del alcalde, la presidencia municipal quedaría de manera temporal a cargo de la sindica y se llamaría a asumir la titularidad al presidente suplente quien tiene derecho a asumir el cargo porque fue electo, y si él rechazara asumir la titularidad el gobernador tendrá que enviar una terna para que el Congreso designe al sucesor.
Al diputado se le cuestionó si consideraría necesario que su partidos defienda o acompañe jurídicamente al edil, “él tiene derecho, como todo ciudadano a una defensa, yo creo que él debe de buscar los abogados de su confianza para que pueda enfrentar la situación, yo no lo señaló como culpable pero creo que no debiera el partido político meterse en estos temas para que no se politice” Finalmente el edil culpó de omisión a la PGR dado que durante el período electoral el Partido de la Revolución Democrática solicitó que se investigara a sus precandidatos y candidatos y la dependencia no respondió “la PGR y el propio Gobierno Federal no tiene la capacidad de investigar, no tiene o no ha tenido la capacidad de respuesta en materia de seguridad como los ciudadanos lo deseamos y necesitamos”, concluyó. (Por Abel Miranda Ayala)
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