Grave déficit de transparencia en el Estado: consejeros del ITAIG
A diez años de la aprobación de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Guerrero registra un muy marcado déficit en esta materia y renuencia de los sujetos obligados a rendir cuentas y transparentar sus gastos y acciones.
De estos, son los Ayuntamientos los que más negativa presentan a cumplir con la actual legislación. En este sentido, de acuerdo a un estudio-monitoreo que mandó a realizar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (ITAG) con una empresa privada, de un total de 160 sujetos obligados, sólo 16 resultaron aprobados, de los cuales cinco tuvieron una calificación entre el 7 y el 7.6 y once entre el 6 y el 6.5.
De los 160 sujetos obligados, entre dependencias del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados, organismos públicos autónomos, los ayuntamientos representan el 50.6 por ciento, aunque el problema es que de los 81 que hay en el estado, sólo 47 cuentan con portal electrónico o página de internet, que es a través de la cual deben de transparentar sus obras, acciones y gastos.
De los gobiernos municipales sólo el de Acapulco aprobó este estudio.
En conferencia de prensa que dieron la mañana de ayer en céntrico restaurante capitalino, los consejeros del ITAIG, Roberto Rodríguez Saldaña, quien ocupa la Presidencia del organismo; Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez, hicieron la aclaración que este estudio se realizó el año pasado, es decir, obedece a lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades estatales y municipales anteriores a las actuales.
Cuestionado respecto al marcado déficit de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el estado, el presidente del Consejo General del ITAIG, Roberto Rodríguez Saldaña señaló que se debe todavía a la falta de elementos jurídicos con que cuenta este organismo.
En palabras llanas, señaló que es necesario dotar de “más dientes” al ITAIG, es decir, darle facultades para imponer sanciones económicas ejemplares a los sujetos obligados que incumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues reconoció que la legislación local en la materia todavía no está armonizada con la Ley General que rige en el país.
En cuanto al estudio-monitoreo que mandó elaborar el ITAIG, los sujetos obligados que aprobaron con una calificación arriba de entre 7 y 7.6, fueron el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría de Educación Guerrero, la Secretaría de Finanzas y Administración, el Ayuntamiento de Acapulco y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por la publicación de información pública en sus portales de internet.
Los sujetos obligados que lograron calificaciones de entre el 6.0 y el 6.5 fueron, de mayor a menor, la Secretaría de Seguridad Pública, la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría Particular del Gobernador, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Universidad Tecnológica de la Región Norte, El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
Los que reprobaron con una calificación de cero, por no contar con un portal de internet son los ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Coahuayutla, Cocula, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto Neri, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapa, Marquelia, Pilcaya, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tixtla, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla, Tlapehuala, La Unión, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Alpoyeca y Atenango del Río.
Los restantes Ayuntamientos reprobaron, aunque no con calificación de cero, ya que si bien tienen páginas de internet, no subieron toda la información pública que debieron, como las estadísticas y los indicadores del desempeño en materia de seguridad pública y tránsito ni las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, y las tablas de valores unitarias y uso de suelo; los empréstitos, deudas contraídas, enajenaciones de bienes, indicadores de gestión de los servidores públicos y actas de sesiones de cabildo, entre otra información que por ley deben de subir a sus portales.
Los consejeros del ITAIG calificaron como preocupante que a 10 años de existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información todavía haya sujetos obligados que se resisten a transparentar la información de dependencias estatales y municipales a pesar de que la ley los obliga. (Baltazar Jiménez Rosales)
De estos, son los Ayuntamientos los que más negativa presentan a cumplir con la actual legislación. En este sentido, de acuerdo a un estudio-monitoreo que mandó a realizar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (ITAG) con una empresa privada, de un total de 160 sujetos obligados, sólo 16 resultaron aprobados, de los cuales cinco tuvieron una calificación entre el 7 y el 7.6 y once entre el 6 y el 6.5.
De los 160 sujetos obligados, entre dependencias del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados, organismos públicos autónomos, los ayuntamientos representan el 50.6 por ciento, aunque el problema es que de los 81 que hay en el estado, sólo 47 cuentan con portal electrónico o página de internet, que es a través de la cual deben de transparentar sus obras, acciones y gastos.
De los gobiernos municipales sólo el de Acapulco aprobó este estudio.
En conferencia de prensa que dieron la mañana de ayer en céntrico restaurante capitalino, los consejeros del ITAIG, Roberto Rodríguez Saldaña, quien ocupa la Presidencia del organismo; Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez, hicieron la aclaración que este estudio se realizó el año pasado, es decir, obedece a lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades estatales y municipales anteriores a las actuales.
Cuestionado respecto al marcado déficit de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el estado, el presidente del Consejo General del ITAIG, Roberto Rodríguez Saldaña señaló que se debe todavía a la falta de elementos jurídicos con que cuenta este organismo.
En palabras llanas, señaló que es necesario dotar de “más dientes” al ITAIG, es decir, darle facultades para imponer sanciones económicas ejemplares a los sujetos obligados que incumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues reconoció que la legislación local en la materia todavía no está armonizada con la Ley General que rige en el país.
En cuanto al estudio-monitoreo que mandó elaborar el ITAIG, los sujetos obligados que aprobaron con una calificación arriba de entre 7 y 7.6, fueron el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría de Educación Guerrero, la Secretaría de Finanzas y Administración, el Ayuntamiento de Acapulco y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por la publicación de información pública en sus portales de internet.
Los sujetos obligados que lograron calificaciones de entre el 6.0 y el 6.5 fueron, de mayor a menor, la Secretaría de Seguridad Pública, la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría Particular del Gobernador, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Universidad Tecnológica de la Región Norte, El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
Los que reprobaron con una calificación de cero, por no contar con un portal de internet son los ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Coahuayutla, Cocula, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto Neri, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapa, Marquelia, Pilcaya, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tixtla, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla, Tlapehuala, La Unión, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Alpoyeca y Atenango del Río.
Los restantes Ayuntamientos reprobaron, aunque no con calificación de cero, ya que si bien tienen páginas de internet, no subieron toda la información pública que debieron, como las estadísticas y los indicadores del desempeño en materia de seguridad pública y tránsito ni las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, y las tablas de valores unitarias y uso de suelo; los empréstitos, deudas contraídas, enajenaciones de bienes, indicadores de gestión de los servidores públicos y actas de sesiones de cabildo, entre otra información que por ley deben de subir a sus portales.
Los consejeros del ITAIG calificaron como preocupante que a 10 años de existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información todavía haya sujetos obligados que se resisten a transparentar la información de dependencias estatales y municipales a pesar de que la ley los obliga. (Baltazar Jiménez Rosales)
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