Denuncian “Avispones” que SEDATU les quería dar casas de damnificados
Padres de los jugadores del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo” denunciaron ante diputados federales y locales que las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol) les asignaron casas que corresponden a los damnificados por los
huracanes Ingrid y Manuel, las que por tanto, se negaron a ocupar.
Ayer en el Congreso del Estado, familiares de los jugadores de futbol que resultaron víctimas de los ataques de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, se reunieron con los diputados federales y locales que integran las respectivas comisiones especiales de seguimiento a las investigaciones de estos hechos.
Además de quejarse porque sienten que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ha tenido mayor atención en comparación con los otros afectados en los ataques, y porque los resultados en las investigaciones son escasos, los padres lamentaron que como parte de los apoyos comprometidos del gobierno estén 31 casas ubicadas en el fraccionamiento El Nuevo Mirador, que se supone pertenecen a las familias afectadas por los fenómenos “Manuel” e “Ingrid”.
La acusación fue directa hacia el ex delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hoy convertido en diputado local, y provino del auxiliar técnico del equipo de la tercera división profesional de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, Jorge León Sáenz, quien resultó con graves heridas aquella noche en que el camión de Los Avispones fue atacado a balazos por presuntos sicarios.
Habían pasado alrededor de 4 horas de intervenciones de familiares de Los Avispones y diputados, basadas en quejas de los primeros y lamentaciones y más compromisos de los segundos, cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja dio por concluida la reunión, ignorando a León Sáenz, quien levantaba la mano para participar.
El auxiliar técnico de Los Avispones se había mostrado inquieto desde que escuchó al diputado federal Víctor Manuel Silva Tejada, quien habló de que ya se han aprobado proyectos productivos en beneficio de los familiares por el orden de 8 millones 700 mil pesos.
Aunque sin micrófono porque Mejía Berdeja no le ofrecía la palabra, León Sanz comenzó a hablar y se dirigió hasta estar enfrente del diputado Héctor Vicario, a quien señaló como uno de los implicados en la problemática de Iguala.
“¿Cómo puedo tener confianza cuando personas que están aquí están señaladas públicamente, hay investigaciones de que están inmiscuidos en ciertas cosas que no generan confianza, hay personas que hicieron promesas, concretamente Vicario”, acusó.
Fue más allá, aún sin micrófono y ante la evidente molestia no sólo de Vicario sino de Mejía Berdeja, presidente de la Comisión local de seguimiento al caso, quien apuraba la conclusión del acto: “¿Con qué calidad moral voy a tomar una casa que era para los damnificados.
Y ahora me dicen que aquí van a resolver algo, cuando me parece que el señor era responsable en ese momento de Sedatu, cuando pasaron los hechos, y no lo pudo resolver, no pudo darles a las víctimas el certificado de su casa.
¿Y ahora me piden que yo tenga confianza?”. Pidió por último a los diputados que si de verdad quieren ayudar a las víctimas, empujen para que se emita una recomendación de Derechos Humanos, porque “si a una persona la indemnizan por violación de derechos humanos es muy diferente al monto de reparación por la comisión de un delito.
¿Saben cuándo vale una reparación por comisión de un delito?, son 500 salarios mínimos, aproximadamente 40 mil pesos, ¿eso es el daño moral de una madre?, ¿así quien indemnizar? Nosotros no estamos politizando, pedimos que se diga la verdad, que se diga, nada más”. (www.agenciairza.com)
huracanes Ingrid y Manuel, las que por tanto, se negaron a ocupar.
Ayer en el Congreso del Estado, familiares de los jugadores de futbol que resultaron víctimas de los ataques de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, se reunieron con los diputados federales y locales que integran las respectivas comisiones especiales de seguimiento a las investigaciones de estos hechos.
Además de quejarse porque sienten que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ha tenido mayor atención en comparación con los otros afectados en los ataques, y porque los resultados en las investigaciones son escasos, los padres lamentaron que como parte de los apoyos comprometidos del gobierno estén 31 casas ubicadas en el fraccionamiento El Nuevo Mirador, que se supone pertenecen a las familias afectadas por los fenómenos “Manuel” e “Ingrid”.
La acusación fue directa hacia el ex delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hoy convertido en diputado local, y provino del auxiliar técnico del equipo de la tercera división profesional de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, Jorge León Sáenz, quien resultó con graves heridas aquella noche en que el camión de Los Avispones fue atacado a balazos por presuntos sicarios.
Habían pasado alrededor de 4 horas de intervenciones de familiares de Los Avispones y diputados, basadas en quejas de los primeros y lamentaciones y más compromisos de los segundos, cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja dio por concluida la reunión, ignorando a León Sáenz, quien levantaba la mano para participar.
El auxiliar técnico de Los Avispones se había mostrado inquieto desde que escuchó al diputado federal Víctor Manuel Silva Tejada, quien habló de que ya se han aprobado proyectos productivos en beneficio de los familiares por el orden de 8 millones 700 mil pesos.
Aunque sin micrófono porque Mejía Berdeja no le ofrecía la palabra, León Sanz comenzó a hablar y se dirigió hasta estar enfrente del diputado Héctor Vicario, a quien señaló como uno de los implicados en la problemática de Iguala.
“¿Cómo puedo tener confianza cuando personas que están aquí están señaladas públicamente, hay investigaciones de que están inmiscuidos en ciertas cosas que no generan confianza, hay personas que hicieron promesas, concretamente Vicario”, acusó.
Fue más allá, aún sin micrófono y ante la evidente molestia no sólo de Vicario sino de Mejía Berdeja, presidente de la Comisión local de seguimiento al caso, quien apuraba la conclusión del acto: “¿Con qué calidad moral voy a tomar una casa que era para los damnificados.
Y ahora me dicen que aquí van a resolver algo, cuando me parece que el señor era responsable en ese momento de Sedatu, cuando pasaron los hechos, y no lo pudo resolver, no pudo darles a las víctimas el certificado de su casa.
¿Y ahora me piden que yo tenga confianza?”. Pidió por último a los diputados que si de verdad quieren ayudar a las víctimas, empujen para que se emita una recomendación de Derechos Humanos, porque “si a una persona la indemnizan por violación de derechos humanos es muy diferente al monto de reparación por la comisión de un delito.
¿Saben cuándo vale una reparación por comisión de un delito?, son 500 salarios mínimos, aproximadamente 40 mil pesos, ¿eso es el daño moral de una madre?, ¿así quien indemnizar? Nosotros no estamos politizando, pedimos que se diga la verdad, que se diga, nada más”. (www.agenciairza.com)
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