Ministeriales incapacitados denuncian hostigamiento por parte de la Fiscalía
Elementos de la Policía Ministerial que se encuentran incapacitados por accidentes que sufrieron en el trabajo, exigieron al titular de la Fiscalía General del Estado Xavier Olea Peláez, que les reconozca sus incapacidades médicas para que perciban su salario completo, o que los liquide conforme a lo que
marca la ley, además que cese una campaña de hostigamiento que ha iniciado en su contra.
Los quejosos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía, para hacerle saber al funcionario que no son personas que no vayan a trabajar porque son flojos, sino que son personas que sufrieron atentados a balazos, caídas de vehículos y otros accidentes que los mantiene bajo tratamiento médicos y reposo absoluto, Una de las afectadas, la ex comandante, Magdalena García Castañón, con más de 20 años de servicio afirmó que su caso es particular porque sufrió dos ataques de la delincuencia en Ciudad Renacimiento del Puerto de Acapulco, en ambos resultó ilesa, pero a raíz de ello la afectó la diabetes y le causó ceguera, "díganme quien no se espanta de estar en medio de las ráfagas de metralla, y ahora me disminuyeron mi salario y sólo percibo dos mil pesos a la quincena cuando en activo ganaba casi cinco mil".
Resaltó que definitivamente el dinero no le alcanza por lo que en Acapulco tiene que levantar botes en las calles para venderlos y completar su manutención, Otro de los problemas que el Fiscal se niega a atender es el que tiene que ver con el pago de seguros para el personal que murió en activo, “hay unas 50 mujeres que quedaron viudas, luego de que sus esposos murieron cuando trabajaban como policías ministeriales y éstas no han recibido los seguros a los que tiene derecho”. Señaló que son Al menos 213 elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), con una antigüedad de entre 20 y 35 años, que se encuentran incapacitados por prescripción médica.
Por su parte, en entrevista, el ex comandante de la PIM, Rey David Cortés Flores, uno de los afectados, manifestó que la mayoría de sus compañeros, padecen alguna incapacidad física, debido al trabajo que desempeñaron, por lo que exigen el pago de su jubilación, o su reincorporación en sus centros de trabajo.
Al respecto, manifestó que el Fiscal General, Xavier Olea, hace unos días ordenó que se reincorporen a los operativos para enfrentar a la delincuencia, pero que posteriormente se desdijo “si bien ya no podemos accionar un arma es porque estamos enfermos y/o tenemos problemas psicológicos por todo lo que hemos pasado durante los enfrentamientos a balazos; entonces que nos liquiden conforme a la ley”. Dijo que el Fiscal, Olea Muñoz, desde que llegó a la dependencia, se ha dedicado a solicitar al ISSSTE, todos los expedientes de los que estamos incapacitados.
Nos andan investigando que si tenemos otro empleo, o a qué nos dedicamos, porque hay compañeros que debido a que no les alcanza su salario, si laboran en otros lados”.
Un caso que se resaltó fue el del ex comandante Jesús Garibo Hernández, uno de los policías ministeriales que lleva laborando 31 años y desde hace cinco fue separado del activo porque recibió 8 impactos de bala en su cuerpo, y de estos una ojiva permanece dentro de él, le retiraron un riñón, además tiene afectado el intestino grueso, y dañada la columna vertebral, debido a que una bala le quemó una vértebra, "por eso ya no puedo caminar; me duele todo el cuerpo y sé que en cualquier momento me puedo morir porque además soy hipertenso”; a pesar de eso la Fiscalía pretende que se reincorpore al servicio.
Mencionó que por sus 31 años de servicio, pretenden otorgarle 650 mil pesos cuando el seguro establece 1 millón 100 mil pesos por el tipo de daños que él sufre… “ahora ya no puedo caminar. Siempre que hay cambio de gobierno nos quieren despedir, ahora nos quieren dar una patada en el trasero.
Tan sencillo, que nos liquiden conforme a derecho, si ya no les servimos”.
Finalmente anunciaron que el próximo miércoles se van a movilizar en Chilpancingo, si es que no son atendidas sus demandas, y al mismo tiempo interpondrán una denuncia en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. (Por Abel Miranda Ayala)
marca la ley, además que cese una campaña de hostigamiento que ha iniciado en su contra.
Los quejosos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía, para hacerle saber al funcionario que no son personas que no vayan a trabajar porque son flojos, sino que son personas que sufrieron atentados a balazos, caídas de vehículos y otros accidentes que los mantiene bajo tratamiento médicos y reposo absoluto, Una de las afectadas, la ex comandante, Magdalena García Castañón, con más de 20 años de servicio afirmó que su caso es particular porque sufrió dos ataques de la delincuencia en Ciudad Renacimiento del Puerto de Acapulco, en ambos resultó ilesa, pero a raíz de ello la afectó la diabetes y le causó ceguera, "díganme quien no se espanta de estar en medio de las ráfagas de metralla, y ahora me disminuyeron mi salario y sólo percibo dos mil pesos a la quincena cuando en activo ganaba casi cinco mil".
Resaltó que definitivamente el dinero no le alcanza por lo que en Acapulco tiene que levantar botes en las calles para venderlos y completar su manutención, Otro de los problemas que el Fiscal se niega a atender es el que tiene que ver con el pago de seguros para el personal que murió en activo, “hay unas 50 mujeres que quedaron viudas, luego de que sus esposos murieron cuando trabajaban como policías ministeriales y éstas no han recibido los seguros a los que tiene derecho”. Señaló que son Al menos 213 elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), con una antigüedad de entre 20 y 35 años, que se encuentran incapacitados por prescripción médica.
Por su parte, en entrevista, el ex comandante de la PIM, Rey David Cortés Flores, uno de los afectados, manifestó que la mayoría de sus compañeros, padecen alguna incapacidad física, debido al trabajo que desempeñaron, por lo que exigen el pago de su jubilación, o su reincorporación en sus centros de trabajo.
Al respecto, manifestó que el Fiscal General, Xavier Olea, hace unos días ordenó que se reincorporen a los operativos para enfrentar a la delincuencia, pero que posteriormente se desdijo “si bien ya no podemos accionar un arma es porque estamos enfermos y/o tenemos problemas psicológicos por todo lo que hemos pasado durante los enfrentamientos a balazos; entonces que nos liquiden conforme a la ley”. Dijo que el Fiscal, Olea Muñoz, desde que llegó a la dependencia, se ha dedicado a solicitar al ISSSTE, todos los expedientes de los que estamos incapacitados.
Nos andan investigando que si tenemos otro empleo, o a qué nos dedicamos, porque hay compañeros que debido a que no les alcanza su salario, si laboran en otros lados”.
Un caso que se resaltó fue el del ex comandante Jesús Garibo Hernández, uno de los policías ministeriales que lleva laborando 31 años y desde hace cinco fue separado del activo porque recibió 8 impactos de bala en su cuerpo, y de estos una ojiva permanece dentro de él, le retiraron un riñón, además tiene afectado el intestino grueso, y dañada la columna vertebral, debido a que una bala le quemó una vértebra, "por eso ya no puedo caminar; me duele todo el cuerpo y sé que en cualquier momento me puedo morir porque además soy hipertenso”; a pesar de eso la Fiscalía pretende que se reincorpore al servicio.
Mencionó que por sus 31 años de servicio, pretenden otorgarle 650 mil pesos cuando el seguro establece 1 millón 100 mil pesos por el tipo de daños que él sufre… “ahora ya no puedo caminar. Siempre que hay cambio de gobierno nos quieren despedir, ahora nos quieren dar una patada en el trasero.
Tan sencillo, que nos liquiden conforme a derecho, si ya no les servimos”.
Finalmente anunciaron que el próximo miércoles se van a movilizar en Chilpancingo, si es que no son atendidas sus demandas, y al mismo tiempo interpondrán una denuncia en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. (Por Abel Miranda Ayala)
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