Familias afectadas por la “Guerra Sucia” deben ser indemnizadas
A pesar del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad (Comverdad) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de la República no ha indemnizado a ninguna familia de las víctimas de la “Guerra Sucia” que se registró en Guerrero en las décadas de los Sesentas y Setentas,
en el Siglo pasado.
Tras denunciar lo anterior, Nicomedes Fuentes García, quien integró la Comverdad, señaló que este organismo que creó el Congreso del Estado para investigar las desapariciones forzadas de personas y violaciones a los derechos humanos que se dieron en la “Guerra Sucia”, en los dos años y seis meses que funcionó documentó 515 casos que están planteados en 409 expedientes, en los cuales se involucran a cientos de familias que fueron víctimas de hechos brutales en esa época.
Precisamente respecto al trabajo que llevó a cabo la Comverdad, Fuentes García señaló que no hay la intención de que este organismo realice una segunda parte de la investigación, pues el periodo para el cual fue creada fue de dos años con la posibilidad de ampliarse otros seis meses más, únicamente, pero sí dijo que es necesario que el gobierno estatal publique el informe final de resultados que rindió para conocimiento de la ciudadanía en general.
“El informe de resultados debe ser publicado porque es un espacio de la memoria histórica de este estado de Guerrero, tomando en cuenta que muchos guerrerenses sufrieron represión en las décadas de los sesentas y los setentas, y la justicia y la verdad siguen pendientes”, afirmó.
Lo importante de la investigación que llevó a cabo la Comverdad, resaltó Nicomedes Fuentes, es que se demostró que en las décadas de los Sesentas y Setentas se usó la fuerza bruta para reprimir a los luchadores sociales y el movimiento armado que se gestó.
Además, mencionó la fuerza del Estado no sólo se utilizó para combatir el movimiento armado, “no se fue solamente en contra de los activistas armados, sino se fue contra la población, contra sus familias, y quedó claro que sí fue una decisión de Estado, y que hasta la fecha no se ha reparado el daño ni se repuso el tejido social porque continuó la represión y las desapariciones forzadas”. Incluso afirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una secuencia de lo que fue la “Guerra Sucia”.
Sin embargo, señaló, hasta el momento ninguna de las familias afectadas por la “Guerra Sucia” ha sido indemnizada por lo que sufrió durante esos años, lo cual “es necesario porque la gente antes de la represión tenía un estatus, su parcela, su casa y forma de vida, y la represión vino a maltratarlos, a molestarlos, a quitarles ese espacio de vida que tenían pues algunos lo perdieron todo, viven sin casas en Atoyac y en otras partes en condiciones muy malas a 40 años de distancia”. (Baltazar Jiménez Rosales)
en el Siglo pasado.
Tras denunciar lo anterior, Nicomedes Fuentes García, quien integró la Comverdad, señaló que este organismo que creó el Congreso del Estado para investigar las desapariciones forzadas de personas y violaciones a los derechos humanos que se dieron en la “Guerra Sucia”, en los dos años y seis meses que funcionó documentó 515 casos que están planteados en 409 expedientes, en los cuales se involucran a cientos de familias que fueron víctimas de hechos brutales en esa época.
Precisamente respecto al trabajo que llevó a cabo la Comverdad, Fuentes García señaló que no hay la intención de que este organismo realice una segunda parte de la investigación, pues el periodo para el cual fue creada fue de dos años con la posibilidad de ampliarse otros seis meses más, únicamente, pero sí dijo que es necesario que el gobierno estatal publique el informe final de resultados que rindió para conocimiento de la ciudadanía en general.
“El informe de resultados debe ser publicado porque es un espacio de la memoria histórica de este estado de Guerrero, tomando en cuenta que muchos guerrerenses sufrieron represión en las décadas de los sesentas y los setentas, y la justicia y la verdad siguen pendientes”, afirmó.
Lo importante de la investigación que llevó a cabo la Comverdad, resaltó Nicomedes Fuentes, es que se demostró que en las décadas de los Sesentas y Setentas se usó la fuerza bruta para reprimir a los luchadores sociales y el movimiento armado que se gestó.
Además, mencionó la fuerza del Estado no sólo se utilizó para combatir el movimiento armado, “no se fue solamente en contra de los activistas armados, sino se fue contra la población, contra sus familias, y quedó claro que sí fue una decisión de Estado, y que hasta la fecha no se ha reparado el daño ni se repuso el tejido social porque continuó la represión y las desapariciones forzadas”. Incluso afirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una secuencia de lo que fue la “Guerra Sucia”.
Sin embargo, señaló, hasta el momento ninguna de las familias afectadas por la “Guerra Sucia” ha sido indemnizada por lo que sufrió durante esos años, lo cual “es necesario porque la gente antes de la represión tenía un estatus, su parcela, su casa y forma de vida, y la represión vino a maltratarlos, a molestarlos, a quitarles ese espacio de vida que tenían pues algunos lo perdieron todo, viven sin casas en Atoyac y en otras partes en condiciones muy malas a 40 años de distancia”. (Baltazar Jiménez Rosales)
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