Por la falta de liderazgo de Rogelio Ortega el rezago en el nuevo Sistema de Justicia
El rezago que presenta la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es por la falta de recursos y de liderazgo en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez, lo cual provocó que el Tribunal Superior de justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad
Pública del gobierno del estado se dispersaran y cada quien trabajara por su lado y de acuerdo a su muy particular entender.
Así lo expresó la abogada Anacleta López Vega, quien en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez ocupó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, quien en un gesto de lealtad no quiso hablar mal del ex mandatario estatal ni de su jefe inmediato, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Eso sí, reconoció que en el año que Rogelio Ortega Martínez estuvo en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal nunca platicó con él acerca del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues todo lo delegó en el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, de quien el único apoyo que tuvo fue la asignación de tres colaboradores.
Sin embargo, López Vega se dijo satisfecha por el avance que presenta el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio rumbo a su implementación, pues aunque no lo dijo de manera directa dejó entrever que todo el avance se debió a su propio esfuerzo. Indicó que la falta de un liderazgo decidido por parte del Ejecutivo Estatal hizo que las instancias operadoras del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no jalaran al parejo en la capacitación del personal y la construcción de la infraestructura que se necesita para ello, es decir, tanto el TSJ, como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública avanzaron cada cual a su modo y a medias.
Del rezago en la implementación de este nuevo sistema de justicia, López Vega no quiso responsabilizar directamente al ex gobernador sustituto Rogelio Ortega, quien incluso en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó abiertamente su oposición a implementarlo, ya que debió haber entrado en operación desde 2009, aunque ni Zeferino Torreblanca Galindo ni Angel Aguirre Rivero le prestaron la atención debida, a pesar de la trascendental importancia que reviste para que haya una mejor impartición de justicia en México.
Dijo que el hecho de que cada uno de los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio avanzara por su lado por la falta de liderazgo, hizo que el único que avanzara significativamente en este sentido es el TSJ, ya que por su cuenta logró la capacitación de su personal y construyó Salas Orales en la mayoría de los 18 distritos judiciales.
Sin embargo, resaltó que este año, el Poder Judicial del Estado cometió el gravísimo error de rechazar equipos de videograbación que le ofrecía el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el marco del “Plan Mérida”, ya que lo que querían los magistrados es que la Federación les entregara de manera directa el recurso económico para ejercerlo.
Aun así, aceptó, el TSJ es la única instancia operadora que presenta un avance significativo en la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo cual no tienen ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública y mucho menos las policías preventivas municipales, que son las primeras que llegan al lugar de los hechos, lo cual es preocupante y alarmante.
Y es que dijo que de nada servirá que el TSJ concrete al cien por ciento el nuevo sistema de justicia si las demás instancias operadoras no tienen capacitado a su personas, ni cuentan con el equipo y las instalaciones necesarias para ello.
En base a los nuevos acuerdos, es necesario que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio esté concretado al cien por ciento en junio del próximo año, para esto, algunos datos estadísticos registrados hasta el 26 de octubre pasado indican que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) del gobierno federal, ubica a Guerrero en el lugar 23 de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal.
En el eje estratégico de capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia, se tiene un rezago importante en las áreas de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Preventiva, en las que la SETEC tiene registrado un avance de apenas el 30 por ciento.
Respecto a la infraestructura básica que se necesita para la implementación del nuevo sistema de justicia, es decir, Centros Integrales de Justicia y Centros de Atención Temprana, hay “un gran rezago que impacta al 70 por ciento de la población del estado”, toda vez que las regiones de Acapulco, Tierra Caliente y la Zona Centro con sede en Chilpancingo no cuentan con ella. Esto también ocurre en materia de equipamiento tecnológico y mobiliario, en lo cual el rezago es del 60 por ciento.
Finalmente, por la falta de seguimiento al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la SETEC le canceló a Guerrero subsidios en 12 proyectos, por el orden de los 5 millones 472 mil 245.14 pesos, mismos que ya estaban autorizados, mientras que debido a que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez no aportó 85 millones de pesos, el estado no ha podido obtener el copago de la Federación por un monto similar dinero que estaba destinado para la construcción de Centros Integrales de Justicia y Centros de Atención Temprana, que son fundamentales para el nuevo sistema de justicia. (Baltazar Jiménez Rosales)
Pública del gobierno del estado se dispersaran y cada quien trabajara por su lado y de acuerdo a su muy particular entender.
Así lo expresó la abogada Anacleta López Vega, quien en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez ocupó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, quien en un gesto de lealtad no quiso hablar mal del ex mandatario estatal ni de su jefe inmediato, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Eso sí, reconoció que en el año que Rogelio Ortega Martínez estuvo en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal nunca platicó con él acerca del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues todo lo delegó en el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, de quien el único apoyo que tuvo fue la asignación de tres colaboradores.
Sin embargo, López Vega se dijo satisfecha por el avance que presenta el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio rumbo a su implementación, pues aunque no lo dijo de manera directa dejó entrever que todo el avance se debió a su propio esfuerzo. Indicó que la falta de un liderazgo decidido por parte del Ejecutivo Estatal hizo que las instancias operadoras del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no jalaran al parejo en la capacitación del personal y la construcción de la infraestructura que se necesita para ello, es decir, tanto el TSJ, como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública avanzaron cada cual a su modo y a medias.
Del rezago en la implementación de este nuevo sistema de justicia, López Vega no quiso responsabilizar directamente al ex gobernador sustituto Rogelio Ortega, quien incluso en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó abiertamente su oposición a implementarlo, ya que debió haber entrado en operación desde 2009, aunque ni Zeferino Torreblanca Galindo ni Angel Aguirre Rivero le prestaron la atención debida, a pesar de la trascendental importancia que reviste para que haya una mejor impartición de justicia en México.
Dijo que el hecho de que cada uno de los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio avanzara por su lado por la falta de liderazgo, hizo que el único que avanzara significativamente en este sentido es el TSJ, ya que por su cuenta logró la capacitación de su personal y construyó Salas Orales en la mayoría de los 18 distritos judiciales.
Sin embargo, resaltó que este año, el Poder Judicial del Estado cometió el gravísimo error de rechazar equipos de videograbación que le ofrecía el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el marco del “Plan Mérida”, ya que lo que querían los magistrados es que la Federación les entregara de manera directa el recurso económico para ejercerlo.
Aun así, aceptó, el TSJ es la única instancia operadora que presenta un avance significativo en la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo cual no tienen ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública y mucho menos las policías preventivas municipales, que son las primeras que llegan al lugar de los hechos, lo cual es preocupante y alarmante.
Y es que dijo que de nada servirá que el TSJ concrete al cien por ciento el nuevo sistema de justicia si las demás instancias operadoras no tienen capacitado a su personas, ni cuentan con el equipo y las instalaciones necesarias para ello.
En base a los nuevos acuerdos, es necesario que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio esté concretado al cien por ciento en junio del próximo año, para esto, algunos datos estadísticos registrados hasta el 26 de octubre pasado indican que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) del gobierno federal, ubica a Guerrero en el lugar 23 de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal.
En el eje estratégico de capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia, se tiene un rezago importante en las áreas de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Preventiva, en las que la SETEC tiene registrado un avance de apenas el 30 por ciento.
Respecto a la infraestructura básica que se necesita para la implementación del nuevo sistema de justicia, es decir, Centros Integrales de Justicia y Centros de Atención Temprana, hay “un gran rezago que impacta al 70 por ciento de la población del estado”, toda vez que las regiones de Acapulco, Tierra Caliente y la Zona Centro con sede en Chilpancingo no cuentan con ella. Esto también ocurre en materia de equipamiento tecnológico y mobiliario, en lo cual el rezago es del 60 por ciento.
Finalmente, por la falta de seguimiento al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la SETEC le canceló a Guerrero subsidios en 12 proyectos, por el orden de los 5 millones 472 mil 245.14 pesos, mismos que ya estaban autorizados, mientras que debido a que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez no aportó 85 millones de pesos, el estado no ha podido obtener el copago de la Federación por un monto similar dinero que estaba destinado para la construcción de Centros Integrales de Justicia y Centros de Atención Temprana, que son fundamentales para el nuevo sistema de justicia. (Baltazar Jiménez Rosales)
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