Exige diputado formalizar denuncias contra quienes saquearon al estado

”Del informe público se tiene que pasar a la acción penal”; Héctor Vicario, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local. 

Baltazar Jiménez Rosales 

La brutal y devastada situación financiera en que dejó a la administración pública estatal el gobierno del sustituto Rogelio Ortega Martínez, obliga a los entes fiscalizadores de los recursos públicos a presentar las denuncias penales correspondientes.

“Del informe público se tiene que pasar a dar parte a la denuncia penal, ante las instancias que tengan que ver con la persecución de quienes cometieron estas faltas”, expresó categórico el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, en alusión al informe de la entrega-recepción que rindió en días pasados el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Desde el punto de vista del legislador local priista, los entes fiscalizadores de los recursos públicos, como la Contraloría General del Estado, la Auditoría General del Estado, que son de índole estatal, y la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, por parte de la Federación, tienen que proceder a realizar las investigaciones financieras correspondientes y presentar las denuncias penales contra los malos funcionarios que cometieron las irregularidades.
Vicario Castrejón calificó que la situación financiera en que dejó el gobierno del sustituto Rogelio Ortega fue “brutal y devastada”, ya que de acuerdo con el informe que el pasado seis de diciembre presentó el gobernador Héctor Astudillo Flores, el déficit financiero es de 18 mil 600 millones de pesos, además de deudas con proveedores por más de cinco mil millones de pesos.
Señaló que está bien que los guerrerenses conozcan el estado en que el gobierno de Héctor Astudillo Flores encontró la hacienda pública, “con finanzas que desafortunadamente son desastrosas que evidencian la falta de experiencia, de capacidad y de irresponsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración estatal”, por lo cual es imprescindible que se pase del informe público a la denuncia penal.
“Los órganos de fiscalización deben de actuar con la ley en la mano con el fin de dejar en claro que en el gobierno de Héctor Astudillo no se tolerará la desviación de recursos a efecto de que en Guerrero quien asuma una función como administrador de los recursos públicos lo hagan con transparencia y honestidad para recuperar la confianza del pueblo hacia el gobierno”.