Anuncia Héctor Astudillo saneamiento en la administración y las finanzas públicas

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, presentó una estrategia de 10 puntos para resolver los principales problemas de la entidad que principalmente son de carácter económico y se generan por el déficit presupuestal de más de 18 mil millones de pesos que heredo de
administraciones anteriores.
En la explicación que presentó el gobernador, se destaca que el déficit que encontraron, tras analizar el proceso de entrega-recepción, supera los 18 mil 600 millones de pesos, lo que significa cinco mil millones más que lo que había reportado la administración que encabezó Rogelio Ortega, “Nos encontramos ante un margen de maniobra estrecho, financiero y administrativo, que nos ata y exige, mayor racionalidad y responsabilidad”.
Astudillo Flores lamentó que su antecesor no haya previsto el gasto de dos mil millones de pesos para el pago de aguinaldos a la base trabajadora, lo que significó un problema que se resolvió pidiendo apoyo a la federación.
En el mensaje —emitido ayer en palacio de gobierno— el mandatario estatal señaló que también se enfrenta una crisis en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) donde se tiene un pasivo de más de 400 millones de pesos y se necesitan cerca de 100 millones para completar el pago a los pensionados y jubilados.
Al respecto señaló “este gobierno ha logrado avances importantes para reunir 100 millones de pesos para cumplir en dicho requerimiento”.
El déficit de la administración central se incrementa por laudos laborales que obligan al gobierno estatal a pagar más de mil 900 millones a ex trabajadores, mientras que con proveedores se tiene adeudos superiores a los 5 mil 800 millones de pesos; “Los adeudos con terceros institucionales y con empresas del sector financiero y aseguradoras, por recursos descontados al trabajador y no pagados, son del orden de los mil 500 millones de pesos”, dijo.
Además del multimillonario déficit, en el análisis del proceso de entrega recepción se detectó que en el año que está por concluir se tuvieron recursos por más de mil 150 millones de pesos que no se ejercieron por falta de proyectos que debían ser aprobados por la Secretaría de Hacienda.
Las secretarías de Salud y Educación requirieron un apartado en el análisis de la auditoría, en la primera existe un déficit de 4 mil 315 millones de pesos, mismo que a decir del gobernador “incide en el otorgamiento y en la calidad de los servicios de Salud”.
Destacó que todas las obras realizadas por la Secretaría de Salud fueron asignadas por adjudicación directa por un monto de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales se restan por pagar más de 147 millones de pesos. “En la Secretaría de Educación, nos encontramos que existen 19,000 plazas que están fuera de presupuesto del Sector Educativo, lo que equivale a un déficit presupuestal de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos y se tiene un adeudo acumulado de 9 mil 241 millones de pesos”.
Adicional al problema de las plazas sin techo presupuestal se detectó que más de 300 mandos medios tampoco están considerados dentro del presupuesto de la Secretaría, a los que se les tiene que pagar salarios con cargo al Estado y además prestaciones por un monto superior a los 232 millones de pesos.
En el análisis de la ejecución de obras se destaca que la auditoría superior de la federación entre el 2009 y el 2014 observaron en sus auditorías más de 8 mil millones de pesos, además 22 obras con irregularidades que ascienden a un monto de 292 millones.
Una de las obras con mayores problemas es la construcción del sistema de transporte colectivo para el puerto de Acapulco conocido como “Acabus” iniciada en el 2012 y de acuerdo a los contratos de obra y supervisión, estos se encontraron vencidos desde el 30 de noviembre del 2014; al respecto puntualizó, “en mi gobierno han sido ya regularizados, se tiene un pasivo pendiente por cubrir por un monto 170 millones de pesos, de los cuales 70 millones no cuentan con suficiencia presupuestal ni con contrato alguno”.
Además estableció que “el Gobierno del Estado se encuentra vulnerable si no logra iniciar operaciones del Acabus, antes del 31 de diciembre porque el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) solicitará el reintegro del apoyo financiero, que implica un monto de 2 mil 155 millones pesos, por lo que esta administración ha solicitado formalmente una prórroga para que el Acabús entre en operación en el primer semestre del 2016”.
Otra obra con serios problemas es el Macrotunel, obra iniciada el 06 de junio del 2013 y que debió haber iniciado operaciones en junio del 2015, “esta obra que tiene una inversión de 3 mil 500 millones de pesos está detenida por demandas de ejidatarios y particulares ante la falta de los permisos correspondientes y se había proyectado que generaría mil empleos directos y 2 mil indirectos”.
Del tema de seguridad se destacó que es el problema más grave que tiene el Estado y lamentablemente nuestra fuerza policial, además de ser insuficiente en más del 60 por ciento, solo la mitad de sus efectivos se encuentran asignados en áreas operativas, y de estos sólo 16 por ciento son aptos para desempeñar sus labores, “los demás no aprobaron el examen de control de confianza”, señaló.
“El presupuesto estatal para seguridad pública es limitado. No obstante que Guerrero es de las entidades con mayores índices delictivos del país.
La lucha que hoy enfrentamos contra el crimen la estamos dando con el apoyo de la Federación y nuestras fuerzas armadas federales. Como lo dije en días recientes, la estrategia ha sido eminentemente de contención”.
Ante este panorama el gobernador anunció 10 acciones en las que se inicia con la reorganización y saneamiento de la administración y las finanzas públicas estatales; el establecimiento de la Agenda de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción; el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de procuración de justicia; El fortalecimiento de la relación institucional con el Congreso del Estado y con los gobiernos municipales; la reactivación del turismo en el Triángulo del Sol y abrir nuevas oportunidades de ecoturismo y turismo cultural… La reducción de la violencia y debilitar las actividades del crimen organizado, a partir de una cultura de la denuncia y a favor de la paz; el mejoramiento del diseño y el beneficio de las políticas sociales; potencializar la capacitación y formación de capital, especialmente en las áreas de educación y salud; brindar incentivos económicos para reconvertir las actividades productivas en proyectos más rentables de la economía formal y aprovechar la iniciativa federal de la Zona Económica Especial para mejorar las comunicaciones, la infraestructura carretera y fomentar nuevas actividades productivas que generen empleo.
Finalmente el gobernador anunció que todos los recursos institucionales serán auditados y en caso de encontrarse posible responsabilidad de ex funcionarios serán presentadas las denuncias correspondientes para la correcta aplicación de la ley”. (Por Abel Miranda Ayala)

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