“Trabajar” la información en redes sociales metió en líos a la Policía
Dos mujeres indígenas, denunciaron ante la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la que denominaron “una detención arbitraria” a manos de policías municipales, quienes además las exhibieron en redes sociales acusándolas de "carteristas", lo que ha repercutido en la perdida de su
trabajo de una de ellas y bullying en la escuela, por lo que exigieron una disculpa pública para reparar el daño.
Las quejosos, Martha Ortega Espinosa y Reyna de la Cruz Ortega, originarias del municipio de Zapotitlán Tablas y radicadas desde hace muchos años en esta ciudad, relataron que el pasado 14 de noviembre cuando caminaban por el estacionamiento del mercado “Baltazar R Leyva Mancilla” fueron interceptadas por un policía preventivo, quien no les dijo de qué se les acusaba sólo les pidió detenerse mientras llegaban sus compañeros.
Una vez que llegaron otros policías les indicaron que tendrían que subirse a la patrulla para ser llevadas a la barandilla municipal, sin explicarles, dicen, el motivo de su retención. Relatan que en la barandilla estuvieron retenidas tres horas, sin embargo al no poder justificar su arresto determinaron ponerlas en libertad; en el caso de Marta Ortega se le dejó en libertad sin cobrarle multa, mientras que por Reyna de la Cruz les cobraron 200 pesos, sin expedir ningún recibo oficial.
Reyna indicó que ella trabajaba como dependiente de una tienda de ropa y accesorios en la calle Zapata de esta capital, sin embargo, debido a que la Policía publicó sus fotos en las redes sociales el que era su patrón, le indicó que dada esta circunstancia tendría que abandonar el empleo, pues no se arriesgaría a tener una carterista atendiendo su establecimiento.
Esta mujer también estudia en el CETIyS 135 y aseguró estar siendo víctima de bullying, por parte de sus compañeros que la tratan “como delincuente”, y situaciones parecidas se registran con sus vecinos de la colonia Plan de Ayala".
Las dos mujeres consideraron que su detención viola su derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, el derecho a la honra, reputación, vida privada e intimidad, por ende exigieron al gobierno municipal que emita una disculpa pública, en la que se reconozca que las mujeres son personas honradas que incluso han trabajado como gestores de beneficios sociales para sus vecinos y ahora están siendo denostados por la falsa acusación. (Por Abel Miranda Ayala)
trabajo de una de ellas y bullying en la escuela, por lo que exigieron una disculpa pública para reparar el daño.
Las quejosos, Martha Ortega Espinosa y Reyna de la Cruz Ortega, originarias del municipio de Zapotitlán Tablas y radicadas desde hace muchos años en esta ciudad, relataron que el pasado 14 de noviembre cuando caminaban por el estacionamiento del mercado “Baltazar R Leyva Mancilla” fueron interceptadas por un policía preventivo, quien no les dijo de qué se les acusaba sólo les pidió detenerse mientras llegaban sus compañeros.
Una vez que llegaron otros policías les indicaron que tendrían que subirse a la patrulla para ser llevadas a la barandilla municipal, sin explicarles, dicen, el motivo de su retención. Relatan que en la barandilla estuvieron retenidas tres horas, sin embargo al no poder justificar su arresto determinaron ponerlas en libertad; en el caso de Marta Ortega se le dejó en libertad sin cobrarle multa, mientras que por Reyna de la Cruz les cobraron 200 pesos, sin expedir ningún recibo oficial.
Reyna indicó que ella trabajaba como dependiente de una tienda de ropa y accesorios en la calle Zapata de esta capital, sin embargo, debido a que la Policía publicó sus fotos en las redes sociales el que era su patrón, le indicó que dada esta circunstancia tendría que abandonar el empleo, pues no se arriesgaría a tener una carterista atendiendo su establecimiento.
Esta mujer también estudia en el CETIyS 135 y aseguró estar siendo víctima de bullying, por parte de sus compañeros que la tratan “como delincuente”, y situaciones parecidas se registran con sus vecinos de la colonia Plan de Ayala".
Las dos mujeres consideraron que su detención viola su derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, el derecho a la honra, reputación, vida privada e intimidad, por ende exigieron al gobierno municipal que emita una disculpa pública, en la que se reconozca que las mujeres son personas honradas que incluso han trabajado como gestores de beneficios sociales para sus vecinos y ahora están siendo denostados por la falsa acusación. (Por Abel Miranda Ayala)
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