La violencia se disparó en Guerrero “por falta de voluntad política”, dice abogada extranjera

Al rendir su informe denominado “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero”, además de mencionar que en Europa Guerrero es conocido como “Fosaland” —Fosalandia o lugar de fosas—, la coordinadora de Proyectos de Justicia Penal para América Latina de la organización Open Society
Justice Initiative, Ina Zoon, “barrió parejo” y afirmó que la violencia se disparó en esta entidad por la falta de voluntad política del Estado Mexicano.
Afirmó además que el sistema de justicia en la entidad no funciona, porque el Poder Judicial del Estado carece de independencia, al igual que la Fiscalía General del Estado, que se encuentra totalmente organizada y subordinada al Ejecutivo, en tanto que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum) está neutralizada y la Comisión de la Verdad que se creó en la Legislatura pasada para investigar la “guerra sucia”, fue un intento fallido. Ina Zoon, acompañada por la investigadora de esta misma organización Jimena Suárez, acudió ayer al Congreso del Estado a invitación de la Comisión Especial de Seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa, a rendir el mencionado informe que desde el punto de vista de sus creadores, retrata lo que ocurre en esta entidad suriana.
De entrada, la investigadora extranjera expresó que desde el extranjero, a Guerrero se le conoce como “Fosaland”, por las fosas clandestinas en que son enterradas las víctimas de la violencia. En este sentido, dijo que la tasa de homicidios que se registra en Acapulco es cinco veces mayor que el promedio nacional, 30 veces más que los que ocurren en Nueva York y más del doble de los registrados en Río de Janeiro, Brasil y comparó la situación que vive el puerto guerrerense con la etapa más violenta que vivieron en su momento Honduras y El Salvador, aunque lo grave es que en Acapulco no se habla de robos ni de asaltos sino de asesinatos que quedan impunes.
Asimismo, criticó que a pesar de que en México hay más de 25 mil desapariciones, en Guerrero el Poder Judicial no ha emitido una sola sentencia por desaparición forzada, misma situación que ocurre con la tortura.
En este sentido, afirmó que el fracaso del sistema de justicia en Guerrero es por la falta de voluntad política de los gobernantes para fortalecer el sistema de justicia desde la década de los setentas hasta ayer, el cual no funciona y no puede funcionar porque “al Poder Judicial le falta independencia, no tiene columna vertebral ni verticalidad para implementar la ley, para proteger la seguridad y la legalidad” y lo más grave, indicó, es que con Angel Aguirre Rivero el presidente del Poder Judicial fue designado como secretario general de Gobierno.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado aseguró que además de que no tiene independencia, está organizada y subordinada al Ejecutivo y al interés político, además de que tiene una percepción de corrupción, de colusión con el crimen organizado”, en tanto que la Coddehum está neutralizada y no tiene las recomendaciones en línea, y nadie puede saber qué hace.
Expresó asimismo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre de Tlataya y los hechos violentos en Apatzingan no hubieran ocurrido “si el Estado Mexicano hubiera tenido la voluntad política de tomar en cuenta las voces de los derechos humanos, las voces de los penalistas que están pidiendo un sistema de justicia fuerte, y si Guerrero hubiera iniciado el nueva Sistema de Justicia Penal desde el 2008 como lo hicieron otros estados del país”.
Por su parte, Jimena Suárez, investigadora de la misma organización, señaló que en Guerrero la Ley de Tortura está inacabada porque le faltan los reglamentos, protocolos y disposiciones para investigar el delito, pero además el Congreso local la promulgó sin tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y sin ajustarse a patrones internacionales. (Baltazar Jiménez Rosales)